Hoy el Gobierno Vasco ha dado a conocer el texto final del Pacto Social de la Vivienda, un texto que regirá la política en materia de vivienda para los próximos 15 años y que no responde a la grave situación habitacional que vivimos.
LAB tuvo conocimiento de esta iniciativa en mayo, y desde el inicio, nos hemos mostrado en disposición de trabajo para enfrentar la difícil situación de la vivienda enfrentada por la clase trabajadora vasca. Como reflejábamos en la última publicación Ikusmiran, las y los trabajadores de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa destinan más del 50% de sus ingresos netos al alquiler; y como consecuencia de la subida de los tipos de interés y por ende, del Euribor, en octubre las hipotecas se han encarecido una media de 200 euros. Desahucios que no cesan y el metro cuadrado cada vez más caro son el pan de cada día que muestran la verdadera realidad de la problemática habitacional.
Sobre la forma, cabe destacar que durante todos estos meses, el Gobierno Vasco solamente ha habilitado una reunión online en la que LAB realizó preguntas, críticas y sugerencias de cara a los próximos pasos del proceso de construcción del Pacto. Presentamos nuestras aportaciones tanto en esta primera ocasión, como por escrito dentro del plazo de consulta y evaluación de la reunión. No hemos recibido ninguna respuesta.
Si el modelo de participación del Gobierno Vasco se plasma en lo realizado en los últimos seis meses, resulta difícil creer en su capacidad de transparencia, participación social y gobernabilidad compartida durante los próximos 15 años que este Pacto Social estará en vigor.
En cuanto al contenido del Pacto, entendemos que la vivienda pública no sólo es un instrumento para redistribuir la riqueza y garantizar el acceso a la vivienda, sino que puede y debe ser una oportunidad para cuestionar el propio modelo de planeamiento urbanístico. La planificación territorial y la política pública de vivienda deben permitir hacer frente a la periferización, la gentrificación y la segregación, y para ello la política de vivienda debe estar vinculada a los planes estratégicos de los pueblos/ciudades, servicios públicos y de vivienda. Combinando modelo social de la vivienda con la función social de la propiedad. En este sentido, el texto del Pacto no menciona nada.
Del mismo modo, el ejecutivo de Gasteiz pierde una nueva oportunidad para limitar el alquiler de vivienda en el mercado libre, ninguno de los indicadores elegidos para el seguimiento del Pacto incluye una metodología interseccional capaz de equilibrar la diversidad y complejidad de la situación de la vivienda en la CAV y no se proponen indicadores que recojan el número de personas demandantes de alquiler protegido según sexo/género, edad, origen/etnia, supervivientes de violencia machista o familias monomarentales.
Además, aunque los datos de Eustat revelen que, hasta octubre de este año, son más de 4.400 las personas sin hogar en la CAV y que el 72,4% es de nacionalidad extranjera, no hay ninguna previsión o compromiso concreto a este respecto. Tampoco hay ningún indicador que acompañe el número de personas que sufren desahucios.
El sector de la construcción civil se menciona frecuentemente en el texto, pero tampoco hay indicadores que revelenlosaccidenteslaboralesylainformalidadqueabundanenelsector.Nadasemenciona sobrelaszonas del mercado residencial tensionado, elemento ya previsto, por ejemplo, en la ley de vivienda de Nafarroa.
Entendemos que el derecho a la vivienda es un problema estructural y para afrontarlo es necesario, por lo tanto, compromiso político para trabajar conjuntamente hacia el fortalecimiento de políticas públicas y sociales. Compromiso real con políticas garantistas que se enfrenten al encarecimiento de la vida en Euskal Herria y combatan el beneficio económico de los grandes empresarios y especuladores inmobiliarios locales e internacionales. Este Pacto no responde a estas cuestiones.
Desde LAB seguiremos luchando, creando herramientas organizativas y realizando propuestas para que se garantice el derecho subjetivo real a la vivienda, se acabe con la especulación priorizando el alquiler social, se amplíe el parque público y se detengan todos los desahucios.