Esta evolución ha sido posible por el aumento del empleo en el sector público, que es donde se han concentrado el 86% de los puestos de trabajo creados en 2018. Por el contrario, cabe destacar la debilidad del sector privado en la generación de empleo.
A pesar de la recuperación del empleo y la reducción del paro tras los duros años de la crisis, es importante recordar que todavía sería necesaria la creación de otros 105.000 puestos de trabajo para alcanzar la cifra de ocupación laboral existente antes de la crisis.
Además, hace diez años el 13,6% de las personas ocupadas trabajaban a tiempo parcial, mientras que hoy ese porcentaje ha aumentado hasta el 16,3%. Y la extensión de la temporalidad se ha consolidado hasta alcanzar al 26% de la población asalariada.
Tanto la temporalidad involuntaria y como la parcialidad no deseada constituyen situaciones de especial vulnerabilidad que se traducen en inestabilidad laboral, subempleo, merma de derechos y bajos salarios.
Según la EPA (Decil de Salarios del Empleo Principal), desde el 2008 el poder adquisitivo de los salarios se ha reducido de media cerca de un 7%; pero los salarios más bajos han caído más de un 22% en términos reales.
Todas estas formas de precariedad y explotación se han convertido en las principales causas del incremento de la pobreza laboral y del deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Además, y como consecuencia de la tradicional división sexual del trabajo todavía hoy el peso del trabajo no remunerado relacionado con las tareas domésticas y el cuidado de personas continúa recayendo mayormente sobre las mujeres. Esta sobrecarga de trabajo termina repercutiendo negativamente en las posibilidades de empleo de la mujer.
De manera que prácticamente 8 de cada 10 empleos a tiempo parcial (el 78%) son desempeñados por mujeres. Por tanto, y en la medida en que el mundo del trabajo empieza en el hogar, es necesario que las políticas presupuestarias apuesten decididamente por el desarrollo de los servicios públicos en el ámbito de los cuidados.
También es obligado derogar las reformas laborales aprobadas por los anteriores gobiernos del PP y del PSOE.
Igualmente, es urgente poner fin a las graves deficiencias del sistema de protección por desempleo, que a día de hoy no proporciona ningún tipo de cobertura al 70% de las personas consideradas oficialmente en paro. En Hego Euskal Herria alrededor de 105.500 personas desempleadas y sus familias se encuentran en esta situación.