LAB denuncia que, después de años de ERTEs y sacrificios por parte de la plantilla, la empresa vuelve a plantear que sean los trabajadores y trabajadoras quienes paguen las consecuencias de sus problemas de actividad. El sindicato se pregunta si el verdadero interés de la operación impulsada por Dámaso Quintana y respaldada por el Gobierno Vasco era garantizar el empleo y el futuro industrial de Vicinay o si, por el contrario, los terrenos de la empresa tenían un papel prioritario.
La dirección de Vicinay comunicó su intención de despedir a 60 personas y aplicar un nuevo ERTE al resto de la plantilla. Ante esta situación, LAB lo tiene claro. No vamos a aceptar ni un solo despido ni un nuevo ERTE.
La plantilla lleva años soportando ERTEs, meses enteros en casa y sacrificios económicos. Cuando Dámaso Quintana entró en la empresa, se aceptaron nuevas condiciones, entre ellas la congelación salarial para 2027 y 2028, con el argumento de garantizar el futuro de Vicinay y evitar su liquidación. Menos de un año después, la respuesta vuelve a ser destruir empleo y trasladar las consecuencias a los trabajadores y trabajadoras.
Después de tantos sacrificios, la plantilla tiene derecho a saber si aquella operación se hizo realmente para garantizar su futuro y mantener la actividad industrial.
LAB considera necesario poner encima de la mesa una pregunta que ni la empresa ni las instituciones pueden esquivar, ¿y si el verdadero interés de la operación de Dámaso Quintana y el Gobierno Vasco no eran las personas trabajadoras de Vicinay ni su futuro industrial, sino los terrenos de la empresa?
La evolución de los acontecimientos genera serias dudas. No resulta creíble que, en una operación de esta envergadura, Dámaso Quintana y el Gobierno Vasco no pudieran prever que Vicinay podía afrontar dificultades de pedidos y de actividad. Por eso, LAB exige que se aclare qué objetivos perseguía la operación, qué garantías se establecieron para proteger el empleo y qué papel desempeñan los terrenos en las decisiones sobre el futuro de la empresa.
El Gobierno Vasco ha respaldado públicamente la operación con recursos públicos. Ahora no puede mirar hacia otro lado mientras se plantea la destrucción de empleo industrial en Sestao y Ezkerraldea. Debe explicar qué compromisos se adquirieron, qué garantías se exigieron y qué va a hacer para impedir los despidos.
Si el objetivo era salvar Vicinay, ¿cómo se explica que menos de un año después se planteen estos despidos y un nuevo ERTE? ¿Se está priorizando la continuidad de la actividad industrial y el empleo o hay otros intereses que están por encima de ellos?
LAB exige transparencia y responsabilidades. El futuro de la plantilla no puede quedar subordinado a intereses que no se han explicado, ni puede utilizarse el respaldo público a una operación empresarial sin garantías reales para el empleo y la actividad industrial.
Perder un pedido no puede justificar que se destruya empleo
La pérdida de un pedido importante no puede convertirse automáticamente en una justificación para despedir a 60 personas y aplicar un nuevo ERTE al resto de la plantilla.
La empresa debe explicar qué alternativas ha estudiado, qué otros pedidos y proyectos está buscando y qué plan tiene para recuperar la actividad. Vicinay necesita trabajo, inversión y un proyecto industrial de futuro, no una sucesión de medidas que vuelvan a cargar el coste sobre la plantilla.
Además, un nuevo ERTE prolongaría la incertidumbre de unas personas trabajadoras que ya han soportado largos periodos de inactividad y han consumido parte de su protección por desempleo. ¿Qué ocurrirá si termina el ERTE y no llegan nuevos pedidos? La plantilla no puede quedar atrapada en una espera sin garantías para acabar enfrentándose después a los despidos.
LAB exige a la empresa que busque soluciones y al Gobierno Vasco que utilice su posición para garantizar la continuidad de Vicinay, la actividad industrial y los puestos de trabajo.
Propuestas al comité para impulsar una respuesta
El próximo lunes, LAB llevará al comité propuestas concretas para hacer frente a esta situación y exigir responsabilidades a la empresa y a las instituciones. LAB apuesta por una respuesta conjunta del comité, pero considera que la gravedad de la situación exige actuar y no resignarse a que la destrucción de empleo se presente como inevitable.
LAB va a luchar para evitar todos los despidos y el nuevo ERTE, y utilizará todas las herramientas sindicales y judiciales a su alcance para defender los puestos de trabajo y el futuro industrial de Vicinay.