Cuatro trabajadores y trabajadoras que participaron en la huelga general del 17 de marzo han sido llamadas a declarar hoy en el juzgado de Iruñea, bajo amenaza de detención. Se les atribuyen dos posibles delitos: desobediencia a la autoridad y un delito contra la seguridad del tráfico. Más de 40 personas se han movilizado frente al Palacio de Justicia para denunciar las represalias contra quienes participaron en la jornada de huelga y mostrar su apoyo a los cuatro trabajadores y trabajadoras llamados a declarar.
Según ha señalado el sindicato LAB, durante las movilizaciones los cuatro trabajadores participaron en las acciones para defender un salario mínimo de 1.500 euros para la clase trabajadora navarra y “en ningún caso desobedecieron a la autoridad ni pusieron en peligro la seguridad del tráfico”.
El sindicato ha exigido que cesen las represalias contra los trabajadores y trabajadoras que participaron en la huelga, tanto mediante multas que, según LAB, superan ya los 15.000 euros en Iruñerria, como a través de procesos judiciales como el que afecta actualmente a estas y estos cuatro huelguistas.
LAB considera inaceptable que el ejercicio del derecho de huelga y la defensa de unas condiciones de vida dignas puedan convertirse en motivo de persecución y criminalización. “Reivindicar un salario mínimo de 1.500 euros no es ningún delito. Es una necesidad para la clase trabajadora”, ha defendido. “Lo reclamamos porque es posible y porque, con menos, la clase trabajadora no puede vivir dignamente”, ha afirmado.
Por último, LAB ha reiterado su solidaridad con los cuatro trabajadores y trabajadoras llamados a declarar y con todas las personas que, según el sindicato, están sufriendo represalias por su participación en la huelga del 17 de marzo. “Frente a la represión y la criminalización, seguiremos defendiendo el derecho de huelga y unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora”, ha concluido.