Finalizado el periodo de consultas del ERTE planteado por Tubacex para sus plantas de Laudio y Amurrio, en LAB nos reafiramos en la posición que hemos mantenido desde el primer día: la empresa no ha acreditado ni justificado suficientemente las causas productivas y organizativas alegadas para la aplicación de esta medida. Por ello, durante todo el proceso hemos solicitado su retirada, una exigencia que seguimos manteniendo.
Lejos de demostrar la existencia de una situación sobrevenida que hiciera imprescindible recurrir a un ERTE, la documentación y las explicaciones facilitadas durante el periodo de consultas evidencian que la situación que la empresa presenta como una supuesta falta de carga de trabajo deriva de decisiones organizativas adoptadas por la propia dirección. Tubacex retrasa, distribuye la producción y la carga de trabajo entre las distintas empresas del grupo en función de sus intereses empresariales, generando deliberadamente escenarios que posteriormente pretende utilizar para justificar medidas de suspensión de empleo financiadas con recursos públicos.
Desde LAB denunciamos que los ERTE se estén convirtiendo en una herramienta de flexibilidad empresarial destinada a maximizar los beneficios de las compañías, en lugar de responder a situaciones excepcionales y realmente imprevisibles, que es para lo que fueron concebidos. No es aceptable que una empresa reorganice internamente su producción para optimizar sus resultados económicos y pretenda después trasladar parte de los costes de esa estrategia a las personas trabajadoras y al conjunto de la sociedad mediante mecanismos sostenidos con dinero público.
Resulta especialmente preocupante que este tipo de prácticas no sean objeto de una mayor fiscalización por parte de las administraciones públicas. Las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar que los recursos públicos destinados a proteger el empleo no terminen financiando decisiones empresariales planificadas cuyo único objetivo es incrementar la rentabilidad del grupo.
En LAB nos preguntamos hasta cuándo van a permitir las instituciones que herramientas financiadas con dinero público sigan utilizándose para favorecer los intereses particulares de las empresas. Los ERTE nacieron para proteger el empleo ante situaciones extraordinarias, no para facilitar la reorganización interna de la producción ni para maximizar los beneficios empresariales trasladando parte de sus costes al conjunto de la sociedad. Mientras las empresas continúan privatizando sus beneficios, pretenden socializar los costes de sus decisiones empresariales utilizando recursos que pertenecen a toda la ciudadanía.
Desde LAB consideramos que el desarrollo del periodo de consultas ha servido para confirmar que nos encontramos ante un ERTE injustificado y basado en una utilización abusiva de un instrumento que debería reservarse para situaciones reales de necesidad.
Por todo ello, impugnaremos judicialmente este ERTE para que sean los tribunales quienes valoren la legalidad y la suficiencia de las causas alegadas y justificadas por la empresa. Como ya ha hecho en anteriores ocasiones, el sindicato utilizará todas las herramientas sindicales y jurídicas a su alcance para confrontar decisiones empresariales que considera totalmente abusivas e injustificadas.
En LAB seguiremos defendiendo que los recursos públicos deben destinarse a proteger el empleo y a las personas trabajadoras, y no a facilitar estrategias empresariales orientadas a incrementar beneficios mediante una mayor flexibilidad a costa de las condiciones laborales y del dinero de toda la sociedad.