En la empresa que cuenta con centros de trabajo en Lebario,Zaldibar y Ermua, durante los últimos se ha venido desarrollando una política de despidos selectivos, de incumplimiento reiterado de diver-sos aspectos del convenio colectivo, de deterioro de las condiciones laborales y de adopción de deci-siones que han contribuido a instaurar un clima de incertidumbre y presión entre los trabajadores y trabajadoras.
La dirección de ECS Mobility está haciendo todo esto con la inestimable colaboración de miembros de ELS ( sindicato independiente proempresa ), desarrollando una estrategia continuada para reducir plantilla, liquidando a su vez a los miembros del sindicato LAB en la empresa.
Dicha actuación se ha materializado, entre otras, en medidas como despidos individuales (cinco afiliados y afiliadas de LAB) o modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter individual, con el evidente propósito de provocar la salida de la empresa de los y las trabajadoras a las que les han sido aplicadas. Constituyen ejemplos especialmente significativos los casos de ambos delegados de LAB. Como consecuencia de dichas medidas, optaron por extinguir sus respectivas relaciones laborales al amparo de la normativa vigente. La finalidad perseguida resulta evidente: vaciar de contenido sus funciones profesionales, deteriorar sus condiciones laborales y personales y forzar su desvinculación de la empresa.
Mientras tanto, personas vinculadas a la organización ELS han pasado a ocupar puestos desempeñados anteriormente por trabajadores y trabajadoras despedidas o desplazadas, sin respetar los procedimientos establecidos en el convenio colectivo de aplicación ni los mecanismos legalmente previstos para la promoción profesional.
LAB cree que esta situación no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de una estrategia más amplia de reducción de plantilla e instauración de una politica basada en el miedo. Y lo especialmente grave es que estas actuaciones cuentan con la colaboración y el impulso de ELS.
LAB considera inaceptable que quienes deberían defender los intereses colectivos de la plantilla contribuyan a erosionar los derechos de sus compañeros y compañeras, y lo que es peor, hacerlo para, en algunos casos, obtener beneficios propios.
Ejemplo de ello es que, durante las movilizaciones y concentraciones convocadas en respuesta a los despidos producidos en los últimos meses, estas personas han ejercido presiones y advertencias destinadas a desincentivar la participación en dichas acciones sindicales, fomentando el esquirolaje.
LAB no alberga dudas de que existe una planificación orientada a continuar reduciendo la plantilla mediante despidos sucesivos a lo largo de los próximos meses. De confirmarse, estaríamos ante una estrategia equivalente a un proceso de ajuste colectivo ejecutado de manera fragmentada y prolongada en el tiempo.
Resulta igualmente preocupante que determinados trabajadores y trabajadoras temporales hayan recibido mensajes que apuntan a una supuesta renovación de la plantilla como justificación de estas decisiones empresariales. Hablan de renovación cuando quieren decir hacer una limpia de todo aquel o aquella que haga frente a sus despropósitos. Este tipo de planteamientos, además de reflejar una forma de gestión nefasta, solo buscan generar inseguridad, división y desconfianza dentro de la plantilla.
LAB no va a permanecer en silencio mientras se le persigue y castiga por su acción sindical, se destruyen puestos de trabajo, se vulneran derechos laborales y se utiliza la representación sindical como herramienta al servicio de la dirección y para fines individuales y personales.
Lo que está ocurriendo en ECS Mobility no es fruto de decisiones aisladas ni de circunstancias coyunturales. Responde a una estrategia que pretende debilitar a la plantilla, castigar la discrepancia sindical y eliminar cualquier oposición sindical organizada, coherente y con fines colectivos y no personalistas.
Por ello, LAB no se limitará a denunciarlo en los cauces legales, va a llevar esta denuncia a todos los ámbitos necesarios: centros de trabajo, ayuntamientos, instituciones, Inspección de Trabajo y tribunales. Cada incumplimiento, cada despido injustificado, cada actuación antisindical y cada intento de intimidación será denunciado y combatido.