Las plantillas del sector de Intervención Social de Gipuzkoa llevan sin convenio colectivo todo lo que va de año: esto sitúa en un lugar de vulnerabilidad a los y las integrantes de este servicio que es bastante singular y vital para la sociedad.
Las administraciones públicas subcontratan los sectores sociales y de cuidados a empresas y asociaciones privadas, trasladando el dinero público a manos privadas. Este sistema público-privado no conlleva más que la precariedad de las personas trabajadoras, ya que empresas y asociaciones buscan su beneficio económico en vez de servicios dignos y el bienestar de sus plantillas. Los servicios públicos deben gestionarse públicamente y sus trabajadoras deben ser empleadas públicas.
Estar sin convenio supone tener el salario congelado. Los salarios del IV. Convenio de Intervención Social de Gipuzkoa no reconocen la labor realizada por las trabajadoras del sector, ni responden a los acontecimientos mundiales que han llevado al encarecimiento de la vida. Es momento de exigir subidas salariales tanto a la patronal como a la Diputación Foral de Gipuzkoa, hasta equiparar los sueldos con los que tienen las trabajadoras de la administración pública que realizan nuestras mismas funciones.
Además de las cuestiones salariales, el sector tiene otros problemas estructurales, entre ellos el de la Clasificación Profesional, pues continúa con el plan anterior a Bolonia, lo que se traduce en que unos estudios de Grado pueden situar a las trabajadoras en dos categorías diferentes. Por otro lado, la mejora de las condiciones laborales del personal del Grupo 5 sigue siendo imprescindible, pues sus trabajadoras desempeñan funciones esenciales y, sin embargo, no cuentan con el reconocimiento debido.
Las plantillas van envejeciendo, y las peculiaridades y particularidades del sector impiden soportar las cargas físicas y emocionales que requieren los puestos de trabajo. En cuanto a la jornada anual, sigue estancada en las 1592 horas.
La salud laboral va de la mano con la desprotección: la falta de apoyo es responsabilidad tanto de las administraciones públicas como de las entidades que gestionan sus servicios. De las administraciones, porque subcontratan sus servicios y se desentienden de las trabajadoras; de las entidades, porque no realizan las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de sus plantillas y porque las medidas que toman frente a cualquier tipo de agresión son estériles.
LAB, ELA y CCOO seguiremos negociando con la patronal Hedatzen, tal y como hemos hecho hasta ahora, hasta que las demandas de las trabajadoras del sector se reflejen en nuestro convenio, y para eso necesitamos que las plantillas nos activemos y movilicemos. Juntas somos más fuertes, y juntas recorreremos todas las opciones posibles para que el convenio garantice las condiciones más dignas posibles.
Hoy la plantilla del sector de Intervención Social de Gipuzkoa da el pistoletazo de salida a las movilizaciones en favor de un convenio digno y por eso os animamos a participar en las próximas acciones, porque esto es una lucha de todas.
Gora langileon borroka!