La situación vivida ayer, 15 de abril, en Bilbao no debería sorprender a nadie, y sin embargo, indigna. Durante meses se ha anunciado un proceso de regularización que afecta a miles de personas migrantes, muchas de ellas en situaciones de especial vulnerabilidad. Se sabía que el momento llegaría, que generaría expectativas, nerviosismo y, sobre todo, una avalancha de solicitudes administrativas. Y aun así, cuando finalmente se activa el procedimiento, la respuesta municipal ha sido desconcertante.
Cientos de personas han recorrido oficinas, registros y unidades de atención social sin obtener respuestas claras. Colas, derivaciones de un servicio a otro, instrucciones contradictorias. A algunos se les indicaba acudir a Acción Social; a otros, al Registro General; mientras tanto, se hablaba de la futura apertura de un dispositivo específico que, en la práctica, aún no estaba operativo. El resultado: confusión, desgaste y una sensación generalizada de abandono institucional. Situación que no es una casualidad sino un síntoma más del racismo estructural y su materialización en las instituciones de gobierno y en la administración.
No se trata de un problema menor ni de un fallo puntual. Es una cuestión de previsión y de respeto. El Ayuntamiento de Bilbao sabía con antelación que se avecinaba un proceso de estas características, su responsabilidad era anticiparse: coordinar departamentos, establecer protocolos claros y, sobre todo, informar con transparencia tanto a la ciudadanía como a sus propios trabajadores y trabajadoras. Nada de eso ha ocurrido de manera suficiente.
La falta de claridad no solo genera ineficiencia administrativa; tiene consecuencias humanas. Quienes se encuentran en procesos de regularización no están simplemente tramitando un documento: están intentando estabilizar sus vidas, acceder a derechos básicos y salir de situaciones de precariedad. Obligarles a deambular entre ventanillas, sin certezas ni orientación, es añadir incertidumbre a una realidad ya de por sí compleja.
Este episodio también pone sobre la mesa una cuestión más amplia: la deriva en la atención a los sectores más vulnerables. El colapso de servicios sociales, las dificultades en recursos de acogida o la sobrecarga en dispositivos de atención no son fenómenos aislados. Forman parte de un patrón que refleja tensiones estructurales en el modelo de atención y en las prioridades políticas, como denunciaban en un Manifiesto decenas de profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao.
Esta situación ha afectado también a otros servicios municipales, como el Registro General, que se ha visto colapsado desde primera hora, así como a todos los trabajadores y trabajadoras de este servicio a los que no se les ha facilitado la información necesaria para saber qué procedimiento debían seguir. Es más, a media mañana se les ha comunicado que se estaba analizando la situación y que dejaran de tramitar más solicitudes y que más adelante se les informaría de cómo proceder.
Queremos denunciar, por ello, la incompetencia y la falta de respeto para con la ciudadanía y sus trabajadores y trabajadoras, demostradas por el equipo de gobierno del PNV y PSE.