Se adhieren a la reivindicación de un salario mínimo propio de 1.500 euros y dan espacio a otras demandas sociales
Movimientos sociales, colectivos y agentes...
La absolución de las y los procesados por la acción de 2024 no hace sino confirmar lo que LAB ha defendido desde el principio: que organizar la solidaridad de clase no es un delito y que, por el contrario, es un deber.