Los sindicatos LAB, ELA, STEILAS, Etxalde y HIRU han remitido una propuesta conjunta a la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de la CAV para que revise los criterios relativos a los servicios mínimos en el marco de la huelga general convocada para el 17 de marzo de 2026 en Hego Euskal Herria.
Según han denunciado los sindicatos, en los últimos años la aplicación de los servicios mínimos se ha ido ampliando de forma sistemática, y el Departamento de Trabajo realiza una interpretación cada vez más extensa de lo que se consideran servicios esenciales. A su juicio, esta tendencia pone en cuestión el derecho de huelga y vulnera el principio de proporcionalidad que debe regir en una huelga general.
Las organizaciones convocantes han presentado propuestas concretas sobre los criterios que deberían aplicarse en educación, transporte público y medios de comunicación públicos:
En el ámbito educativo, los sindicatos defienden que no se establezcan servicios mínimos, al considerar que una huelga general de un solo día no pone en riesgo el derecho a la educación. En los últimos años, los servicios mínimos en este sector se han incrementado hasta el punto de limitar en la práctica el derecho de huelga. Además, señalan que la huelga general también tiene un valor pedagógico, y que en las etapas educativas con suficiente madurez debería aprovecharse como una oportunidad para trabajar cuestiones relacionadas con la lucha laboral, la cohesión social y los valores democráticos.
En cuanto al transporte público, consideran excesivos los servicios mínimos fijados y critican que el modelo actual prioriza el derecho al trabajo frente a los derechos de huelga y movilización. La obligación de la Administración, afirman, es garantizar la movilidad hacia los servicios esenciales, y no mantener la actividad económica ordinaria. Por ello, solicitan que no se establezcan servicios mínimos y, en caso de fijarse, que se orienten prioritariamente a garantizar el acceso de las personas usuarias a los servicios esenciales y a posibilitar la asistencia a iniciativas y movilizaciones, asegurando así el derecho de huelga.
En el caso de los medios de comunicación públicos y, en particular, del grupo EITB, los sindicatos advierten de que la orden relativa a la huelga general únicamente establece la garantía de los servicios informativos de fin de semana. Sin embargo, denuncian que la dirección de EITB ha programado unilateralmente reposiciones de programas de entretenimiento con el objetivo de reducir la visibilidad de la huelga. A su juicio, el día de la huelga los servicios informativos deberían priorizar la información de interés público, especialmente la relacionada con los derechos civiles y políticos, por encima de contenidos meramente de entretenimiento. Asimismo, sostienen que debe garantizarse que los servicios informativos se realicen con la plantilla habitual de fin de semana.
Por último, proponen medidas para hacer visible la huelga: no emitir reposiciones de programas, incorporar un “scroll” informativo permanente sobre el seguimiento de la huelga y reconocer el derecho de las y los periodistas que estén cubriendo los servicios mínimos a portar elementos identificativos que indiquen dicha situación.
Por otra parte, los sindicatos denuncian que las órdenes sobre servicios mínimos se publican con frecuencia a última hora, lo que condiciona el ejercicio del derecho de huelga. Por ello, han solicitado que la orden correspondiente a la huelga general del 17 de marzo se publique antes del 7 de marzo.