La orden de servicios mínimos del Gobierno busca dejar sin derecho a la huelga a miles de trabajadores y trabajadoras. Además, denunciamos que el Gobierno Vasco ha hecho pública la orden en vísperas de la huelga para obstaculizar la eventual vía jurídica contra la misma.
Fue el 13 de febrero cuando los sindicatos LAB, ELA, CCOO, STEILAS y ESK hicimos pública la jornada de huelga del 12 de marzo para todo el sector público de la CAPV. Registramos formalmente la huelga hace doce días, concretamente el 29 de febrero.
La Delegación de Trabajo del Gobierno Vasco ha publicado y notificado la orden de servicios mínimos el 8 de marzo. Ha pasado un mes desde que hicimos pública la convocatoria de huelga y 8 días desde que la registramos formalmente. La orden la ha publicado un viernes y en vísperas de la jornada de huelga, si atendemos a los días hábiles. Esto además sin ninguna reunión previa ni contraste con los sindicatos que representamos a los y las trabajadoras y convocamos la huelga.
Este comportamiento se ha convertido en habitual para la Delegación de Trabajo. Publica sistemáticamente las órdenes de servicios mínimos en vísperas de los días de huelga y sin llevar a cabo la fase de audiencia previa que antaño se materializaba con los sindicatos convocantes y las administraciones. La orden para el 12 de marzo establece unos servicios mínimos superiores a los establecidos para las jornadas de huelga de octubre y diciembre, sin exponer razonamientos ni motivaciones suficientes.
El sábado, los sindicatos presentamos una demanda contra la orden ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que solicitamos la suspensión de la misma como medida cautelar para evitar dejar sin derecho a la huelga a miles de trabajadores y trabajadoras. El tribunal ha decidido no adelantar la sentencia antes de la jornada de huelga, resolviendo que la decisión sobre la vulneración del derecho a la huelga se produzca una vez que se haya llevado a cabo todo el proceso judicial.
Los sindicatos queremos denunciar que con esta actitud, el Gobierno pretende obstaculizar la utilización de la vía jurídica y/o la posibilidad de llevar a cabo otro tipo de acciones frente a las vulneraciones del derecho de huelga y dejar a un mayor número de trabajadoras y trabajadores sin opción a ejercer su derecho a la huelga.
Y es que el Gobierno Vasco está imponiendo paulatinamente unos servicios mínimos cada vez mayores, vaciando de contenido el derecho a la huelga y dejando a los trabajadores y trabajadoras públicos/as cada vez más privados y privadas del derecho a la huelga. En sectores como Osakidetza o Educación los servicios mínimos dejan sin derecho a huelga a miles de trabajadores y trabajadoras; obligan a acudir a trabajar al 100% de las trabajadoras como servicio mínimo mientras en el día a día no se garantiza ese personal. En cuanto a la huelga del 12 de marzo, el Gobierno Vasco ha dado un paso más en esta vulneración del derecho de huelga y pretende dejar sin derecho a huelga a todas las especialistas de apoyo educativo de la educación pública.