La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) mediante Resolución 1/2024, de 15 de enero, declara la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos denunciados por el sindicato LAB, e iniciará un procedimiento de investigación puesto que el acuerdo sobre los ensayos clínicos «pudiera ser claramente asimétrico, ya que exime a la parte privada de ceder la gestión de sus ensayos comerciales mientras obliga a ello a la parte pública, y pudiera poner en riesgo la propia viabilidad económica de la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed y, por tanto, la investigación pública en el sector biomédico de Navarra».
El Comité de Empresa de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, compuesto por nueve delegadas del sindicato LAB, considera que la resolución de la OANA respalda lo que lleva denunciando desde el mes de junio del año pasado y su lucha en defensa de la investigación sanitaria pública. Así, el análisis indica que el acuerdo del patronato de IdiSNA de 28 de junio de 2022 «contempla el traspaso de los ensayos clínicos gestionados por la FMS-Navarrabiomed y no los del CUN (Clínica Universitaria de Navarra), y ello sin que conste en la documentación analizada justificación alguna». Dicho de otra forma, «exime a la parte privada de ceder la gestión de sus ensayos comerciales mientras obliga a ello a la parte pública».
Además, recoge que «el Patronato de la Fundación IdiSNA es consciente de que el acuerdo por él adoptado conlleva el riesgo de descapitalizar la Fundación Miguel Servet, por lo que le reserva la gestión del “mínimo imprescindible de ensayos clínicos para poder deducirse el IVA”, criterio este muy poco científico y, en todo caso, de dudosa legalidad, en los términos en que se adopta, por lo que este acuerdo y sus antecedentes deben ser analizados».
De esta forma, el Comité que representa a la plantilla de Navarrabiomed – Fundación Miguel Servert considera que con esta resolución resulta insostenible la versión del Departamento de Salud y del consejero que niegan y relativizan el riesgo de descapitalización de una herramienta pública frente a otra privada: «en la misma medida en que la Fundación IdiSNA adquiere viabilidad, la pierde la Fundación Miguel Servet y ello sin que conste informe alguno que avale la decisión», advierte Anticorrupción.
Asimismo, el Comité de Empresa espera que el Gobierno de Nafarroa no se entrometa de ninguna manera y deje que la Cámara de Comptos pueda emitir con total normalidad un informe de fiscalización del acuerdo Patronato de IdiSNA en lo relativo a las consecuencias para la viabilidad de la Fundación Miguel Servet, tal y como solicita la Oficina Anticorrupción.
El Departamento de Salud y el consejero de Geroa Bai no pueden seguir actuando como si esta resolución no existiera. Ello supondría jugar con la opinión pública diciendo una cosa en base a cálculos partidistas ‒con el único objetivo de evitar trasladar su verdadera posición a la sociedad navarra‒ y haciendo su contraria en beneficio de sus intereses: la apuesta por una investigación sanitaria privatizada, dependiente del Opus Dei y convertida en negocio. Exactamente lo mismo que hizo el PSN en verano.
Por ello, la representación de los trabajadores y trabajadoras le exige que cumpla con la misma, dejando en suspenso la ejecución de los acuerdos, «atendiendo a las graves consecuencias que su ejecución pudiera tener para la Fundación Miguel Servet». Es momento de dejar atrás viejas inercias y trabajar junto con el Comité de Empresa en desarrollar el compromiso político que adquirieron los partidos en el Gobierno (Geroa Bai y Contigo-Zurekin) para garantizar la gestión pública del instituto acreditado por Carlos III en Nafarroa a través de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, y evitar pérdidas de puestos de trabajo en la fundación pública.
El Comité de Empresa de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet sigue pensando que esta es la solución para conseguir acreditar a IdiSNA sin descapitalizar a la fundación pública Miguel Servet y garantizar la existencia de una investigación biomédica pública en Nafarroa. Una misión esencial que se debe potenciar desde los sistemas públicos de salud.
Frente a versiones interesadas de la derecha, tal y como recoge la resolución, «no consta en el expediente documentación o manifestación alguna que ponga en cuestión la continuidad de la colaboración público-privada. Lo que se cuestiona en la denuncia es que el grueso de la investigación sanitaria se traslade a una fundación privada, la Fundación IdiSNA, en detrimento de la fundación pública que viene haciéndolo hasta ahora, la Fundación Miguel Servert, que cuenta con la estructura, organización y medios necesarios y el reconocimiento de su buen hacer en dicha gestión».
Por el contrario, el Comité tiene que denunciar que continúan las presiones a trabajadores y trabajadores para traspasar dichos ensayos clínicos en la línea de trabajo que cuestiona la Oficina de Buenas Prácticas y de Anticorrupción de Navarra.