El Gobierno Vasco acaba de aprobar un decreto sobre las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Para analizar el Decreto deberíamos analizar la evolución de las EPSV. De hecho, desde la creación de las mismas no han conseguido ser un complemento digno universal del sistema de pensiones para las y los trabajadores de Euskal Herria, ni siquiera en los territorios donde se han impulsado las EPSV de empleo. No son universales ni solidarias, no son un instrumento para todas y todos los trabajadores y no se basan ni en el sistema de reparto ni tienen los mecanismos de redistribución que pueda tener un sistema público de pensiones.
En consecuencia, aumentan las brechas entre trabajadores y pensionistas: las y los trabajadores más necesitados están fuera de las EPSV, la desigualdad entre quienes tienen EPSV y quienes no también aumente, así como la existente entre las y los trabajadores con EPSV de empleo, ya que en los sectores más precarizados, principalmente los feminizados, las menores aportaciones suponen una reducción de las prestaciones. Además, están cada vez más lejos de ser un complemento al sistema de pensiones, ya que funcionan como un fondo de ahorro.
El decreto del Gobierno Vasco no cambia el rumbo de las EPSV, es más, perpetúa el modelo actual. No responde a las necesidades de trabajadores, trabajadoras y pensionistas, sino que establece el modelo que han desarrollado las EPSV. Además, los cambios introducidos desde el primer borrador han supuesto la eliminación de los posibles leves avances en las EPSV de empleo, subiendo el límite para poder capitalizarse y ofreciendo la posibilidad de capitalizar también una parte a quienes lo superen.
La clase trabajadora de Euskal Herria, más que un decreto de EPSV que responda a las demandas individuales, necesita políticas que respondan a las reivindicaciones de la clase trabajadora y de los pensionistas. Políticas que establezcan medidas para las y los trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad. Esto, para empezar, debería suponer complementar las pensiones al menos hasta 1.080 euros, respondiendo a las reivindicaciones históricas de los pensionistas y dando pasos en beneficio de un sistema público de pensiones propio de Euskal Herria.