Pensamos que la creación de una comisión de investigación del Parlamento sobre este tema sería un gran avance en el camino por conseguir una mayor transparencia y democracia en los procesos de acceso a la administración pública, en este caso en Osakidetza, pero que sería extrapolable al resto de administraciones.
El Departamento de Salud y la propia Osakidetza, con el Consejero Darpón a la cabeza, han dedicado más esfuerzos a minimizar el escándalo y ocultar la situación frente a la opinión pública que a llevar a cabo una investigación valiente que acabe de una vez con estas prácticas clientelares y mafiosas ampliamente extendidas entre el personal facultativo especialista, pero no en exclusiva. Esta actitud es la que desde LAB hemos reclamado a la Consejería y a la Dirección de Osakidetza desde el momento cero. Pero ante la falta de respuesta convincente, nos vimos en la obligación de acudir a la Fiscalía y a emprender acciones legales. Una comisión de investigación parlamentaria podría también facilitar el trabajo de la fiscalía en este caso.
Unos expedientes, la repetición de unos pocos exámenes y la dimisión de Directora General de Osakidetza no son suficientes ni van a impedir que las filtraciones se sigan produciendo. Es necesario un cambio total de modelo de OPE y de gestión de personal en Osakidetza, pero siempre partiendo del esclarecimiento de lo que ha ocurrido y la depuración de todas las responsabilidades. Intentar crear algo nuevo sobre esta base corrupta no puede conducir a nada bueno. Primero, sanear y luego, empezar a negociar una nuevo modelo de OPE.
En este sentido, las propuestas realizadas por Jiménez Asensio en el estudio encargado por la consejería, más allá de los aspectos positivos que pudieran tener, no son garantía de futuro ya que no hacen referencia a la situación del filtraciones y corrupción existentes en la actualidad. De esta situación debieran partir, y las propuestas debieran buscar el objetivo de que esta situación no se vuelve a producir en las futuras OPEs. Una comisión de investigación es totalmente necesaria. No apoyarla es simplemente rechazar la transparencia y ser cómplices con los ámbitos de impunidad y corrupción de las administraciones públicas.