La sentencia tiene carácter retroactivo pero cuenta con un límite de tiempo. Así, todas las personas que hayan estado en baja por maternidad desde 2014 pueden pedir la devolución de lo que pagaron por IRPF. Esto quiere decir que pueden pedir las declaraciones de la renta de 2014, 2015, 2016 y 2017.
Sin embargo, el debate surgido en torno a esta decisión nos lleva a un debate más profundo: las políticas de conciliación se realizan aún a costa de las mujeres y las Diputaciones, además, profundizan en estas situaciones.
Además de denunciar la actitud de las Diputaciones, debemos afrontar un debate de fondo: hacen falta decisiones políticas para dar la vuelta a la situación. No es serio que hoy en día los gobiernos digan que la políticas a favor de la “igualdad” son una prioridad y que tengamos que estar esperando a una sentencia para saber cuáles son los derechos de las mujeres. No es serio que no haya medidas eficaces de cara a la corresponsabilidad y que anden cambiando medidas para la conciliación de un día para otro.
Los derechos, el dinero y el tiempo no están en venta. Independientemente de que la mujer presente o no reclamación o que un juez o jueza la acepte, la decisión y el resultado úlitmo no pueden ser en función de esos pasos o factores, ni tampoco de hacia dónde se decanta la balanza en un momento político concreto. Las políticas a favor de la igualdad no vendrán de los juzgados. Necesitamos y pedimos decisiones políticas de verdad.