Según datos de julio, en los servicios públicos de empleo de Hego Euskal Herria se han registrado 1.087 desempleadas y desempleados más respecto al mes de junio, lo que se traduce en un total de 153.626 personas en paro. El paro registrado se ha incrementado en todos los herrialdes, salvo en Araba, donde se han contabilizado 111 desempleadas y desempleados menos. Cabe destacar que la subida del paro se ha producido en su totalidad en el sector de Servicios: en este sector se han registrado 1.500 desempleadas y desempleados más desde junio.
Las contrataciones realizadas de cara al verano tienen una gran incidencia en los datos de estos meses. La estacionalidad del empleo tiene mucho peso en el Estado a causa del modelo económico basado en el turismo. En Hego Euskal Herria cada vez son más evidentes las consecuencias de las políticas en favor de un modelo de turismo concreto: temporalidad y precariedad. Los datos publicados dejan claro que el empleo creado no tiene continuidad y que la rotación entre trabajadoras y trabajadores es muy alta.
No sorprende que una de las tasas de temporalidad más altas del Estado resida en la CAV. El empleo parcial también se está propagando, tal y como demuestra el hecho de que la tasa de parcialidad es superior al 25% en Hego Euskal Herria.
En opinión de LAB, por mucho que el paro registrado a lo largo del año haya descendido, son datos muy preocupantes. Queda claro que existen problemas para crear nuevo empleo, más allá del empleo temporal que acarrea el turismo. Las condiciones laborales que se crean están dirigidas especialmente a mujeres y jóvenes, es decir, a los colectivos que tienen una menor protección en el mercado laboral.
Las instituciones no tienen ninguna intención de poner en marcha una política de empleo eficaz. Dejan fuera del mercado laboral al máximo de gente posible con tal de maquillar las estadísticas; basta comprobar la tasa de actividad tan baja que existe en Hego Euskal Herria para percatarse de ello. Por si esto fuera poco, las y los desempleados cada vez tienen un menor nivel de protección.
No saldremos de esta situación si no se toman medidas urgentes: inversión en producción pública y privada, inversión en servicio público y en creación de empleo, salario mínimo interprofesional en función de la Carta Social europea, reducción de la jornada laboral y creación de empleo en el sector público y privado y un salario mínimo social de 1.080 euros.