Los estudios de FOESSA, y de los gobiernos de Gasteiz e Iruñea, señalan que en Hego Euskal Herria, entre un 5% y 7% de los hogares no pueden hacer frente al coste del suministro de luz y gas. Y existe un 15% que presenta dificultades para responder a dichos pagos. Al mismo tiempo, se ha hecho público que un 1,4 millones de hogares en el estado español sufrieron el corte del suministro en algún momento durante 2013.
Estos datos contrastan con unas empresas energéticas que están batiendo record en sus beneficios: 14.600 millones de euros en 2013. Y también contrasta con la negativa del PNV a adoptar medidas dirigidas a que ninguna persona vea cortada el suministro de la luz o gas por razones económicas o a dotar con presupuestos suficientes para que las ayudas de emergencia social sean un derecho subjetivo, y por tanto garanticen contar con luz y gas. Fácil olvidan que esto también es política social. Al contrario, sus intereses y preocupaciones están en la especulación del fracking o en la exploración de hidrocarburos.
El invierno es la época en que las necesidades de luz y calor son mayores. Por tanto, es el momento para que exijamos que la energía es un bien común esencial, y por tanto su garantía forma parte de los imperativos para que cada persona pueda tener una vida digna. Es hora de tomar decisiones contundentes. La precariedad y la pobreza, y todo aquello que lo provoca deben desaparecer de nuestra realidad cotidiana. Que no nos roben ni la energía ni la vida.