El próximo 10 de enero, convocados por Sare, estaremos en Bilbao. Como responsables de los sindicatos ELA y LAB, llamamos a nuestra respectiva militancia, al mundo del trabajo y a la sociedad vasca en general, a participar en esa manifestación en contra de la dispersión de los presos y presas políticas vascas.
Drama humano: Desde hace 25 años los presos y las presas políticas vascas son sistemáticamente desterradas, dispersadas en los centros penitenciarios de España y Francia. Esta práctica atenta contra la más mínima consideración humanitaria, ya que aleja a la persona presa de su entorno físico, afectivo, familiar, militante, cultural…
Este drama humano se hace mucho más patente en el caso de las personas presas con enfermedades graves o incurables, donde medidas como la dispersión se convierten en un castigo añadido. Se dificultan así los tratamientos médicos que dichas personas requieren, lo que en algunos casos conlleva el deterioro de la salud con consecuencias irreversibles.
Ese castigo no solo afecta a la persona presa. Las personas allegadas y, sobre todo, las familias son igualmente víctimas de esa política. La lejanía les obliga a destinar enormes recursos de tiempo y económicos para poder satisfacer una aspiración y necesidad básica, fundamental, como es la de visitar a un amigo o familiar. Muchas personas, con ese objeto, ponen cada semana su vida en riesgo en las carreteras y dedican muchas horas de su vida a ese fin incluso en días laborables. A menudo lo hacen sin la seguridad plena de que acabarán viendo al familiar a pesar de haberse trasladado.
Aberración jurídica: La dispersión es una aberración jurídica, como importantes juristas no se cansan de repetir. La jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es contundente al respecto. La dispersión atenta contra el derecho a la intimidad tanto personal como familiar. Tampoco la dispersión encuentra base en la legislación penitenciaria española. En este sentido, resulta inaceptable la reciente intervención del presidente español Mariano Rajoy en el Senado defendiendo que es legal lo que hacen y que la dispersión es provechosa para el logro de la reinserción de la persona presa.
Las presiones ejercidas durante años por los distintos gobiernos españoles al poder judicial, así como la designación de magistrados por adscripción política, han estado detrás de la creación de jurisprudencias injustas y perversas, alguna de las cuales, años después, ha sido anulada por los tribunales europeos. Un Estado donde los derechos humanos tengan algún significado no debería mantener una política penitenciaria como la actual. Un sistema injusto como el que sufren las personas presas no debiera estar vigente un minuto más.
La dispersión tiene objetivo político: La práctica de la dispersión -como práctica excepcional que no se aplica al resto de reclusos- afirma lo que sus promotores pretenden negar: por un lado, el carácter político de los presos y las presas vascas, y, por otro, que esa práctica tiene en sí misma objetivos políticos.
Con esta política de venganza, sus promotores ejercen una contrapedagogía respecto de lo que debe ser un proceso de normalización política que culminará cuando, entre otras cosas, todas esas personas puedan estar en su país y en sus casas.
La dispersión busca además castigar y desmoralizar a las personas presas y a sus espacios políticos de referencia, y trata de impedir que nuevas agendas políticas puedan ganar centralidad en nuestro país. Es la razón fundamental por la que más de tres años después del cese definitivo de la acción armada el Estado se niega a revisar la política penitenciaria.
Por todo ello, ELA y LAB consideramos que es hora de derogar el Pacto Antiterrorista suscrito por PP y PSOE en el año 2000; acuerdo que ha disciplinado a las principales instituciones españolas, desde los poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- hasta la mayoría de los medios de comunicación, la jerarquía de la iglesia católica o los dos principales sindicatos del estado, así como modificar las actuales políticas penitenciarias que vienen aplicando tanto el Gobierno español como el francés a los presos y presas políticas vascas.
Nos parece imprescindible la movilización social democrática a favor de los derechos de los presos y presas. Es otra manera de ir ganando la conciencia política necesaria también de quienes aún no han hecho suya esta reivindicación. Y es también un compromiso solidario con quienes injustamente padecen las consecuencias de esta práctica cruel, inhumana y ajena a derecho.
Porque es de justicia, el próximo 10 de enero, convocados por Sare, estaremos en Bilbao. Euskal presoak, etxera!