Eso es lo que ocurre en una obra para la construcción de 72 viviendas que el Gobierno Vasco ha promovido en el barrio de Miraflores de Bilbao. Una empresa subcontratada aplica el convenio de la construcción de Cantabria en vez de aplicar el convenio de la construcción de Bizkaia y falsifica la firma de trabajadores para dar por buena esa decisión.
El Gobierno Vasco tiene un gran responsabilidad en este asunto ya que, una vez adjudicada la obra, ha hecho dejación del control de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores de la obra. El Gobierno Vasco es responsable de que los trabajadores de esta empresa cobren de media, según categoría, entre 300 € y 350 € mensuales menos por la inaplicación del convenio de construcción de Bizkaia.
El hecho es aún más grave si tenemos en cuenta que el Parlamento de Gasteiz, el 26 de mayo del 2011, aprobó una Propuesta No de Ley donde se le pedía al Gobierno Vasco, entre otras medidas, que en los pliegos de licitación de toda obra pública se recogiera la obligación de cumplir el convenio provincial por la empresa adjudicataria y las subcontratistas y se estableciera un sistema de seguimiento para el cumplimiento del mismo.
El Gobierno Vasco como gestor de dinero público y promotor de obra publica tiene una gran responsabilidad tanto social como laboral con la ciudadanía y con las y los trabajadores. Su actuación, por acción u omisión, no puede contribuir a crear focos de precariedad a costa de empresas que practican el dumping social con dinero público. El Gobierno Vasco debe abandonar la connivencia que mantiene hacia los empresarios del sector. Solo un cambio de actitud en el ámbito político que deje de favorecer el enriquecimiento empresarial a consta del expolio que realizan a las condiciones de trabajo ayudará a solucionar los problemas del sector.
Estos hechos demuestran, una vez más, la necesidad de unas nuevas relaciones laborales que aseguren el cumplimiento de las condiciones salariales y laborales de los convenios provinciales y en ese sentido situamos la finalidad de la campaña en favor de las clausulas sociales iniciada por el sindicato LAB ante las instituciones públicas que, mediante una moción, propone once medidas garantizando el cumplimiento de los convenios provinciales en toda la cadena de contratación-subcontratación, aplicación de la subrogación, contratación de personas desempleadas, igualdad de genero… Es necesaria la implicación de todas las partes.