El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha destacado la necesidad de luchar por el reparto de la riqueza tanto en los centros de trabajo como en la calle y ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas por la Carta de Derechos Sociales para el 19 de noviembre.

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, y Edurne Larrañaga, de la Fundación Ipar Hegoa, han ofrecido hoy una rueda de prensa en Donostia para presentar el estudio Ikusmiran, que recoge una fotografía de las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores vascos.

Datos sobre la situación de los y las trabajadoras

Larrañaga ha señalado que el 53,52% de la población de 25 a 64 años vive en una situación precaria, sin empleo digno y con ingresos insuficientes.

En este grupo se agrupan las personas en situación inactiva, las personas en situación de desempleo y las personas con un salario inferior a 1.400 euros. Se trata de un total de 812.068 personas, sin contar los miembros de las unidades familiares o residenciales que puedan estar detrás. Asimismo, debemos resaltar que de estos 812.068 personas, 198.000 se dedican a las tareas domésticas (por lo que la mayoría son mujeres).

Desgraciadamente, esta cifra va aumentando año tras año, con 48.668 ciudadanos y ciudadanas más en situación precaria que en 2021. El colectivo de trabajadores y trabajadoras que perciben un salario inferior a 1.400 euros es el que más ha aumentado (45.600 más).

A esta fotografía de la precariedad se le debe sumar la situación de los y las pensionistas. De hecho, el 34,2% de los y las pensionistas de Hego Euskal Herria percibe una pensión inferior a los 1.000 euros.

La preocupación por esta fotografía estructural se multiplica, sin embargo, analizando las tendencias que predominan o han prevalecido desde hace años. Una de ellas es la brecha salarial por género. Dos datos significativos:

  • El salario medio de las mujeres fue, en 2020, de 3.171 euros inferior al salario medio.
  • 2 de cada 3 personas que perciben una pensión inferior a 1.000 euros (66,7%) son mujeres.

Por último, los datos confirman que, tras la reforma laboral que se vendió como histórica, la situación del empleo no está mejorando:

  • Entre los contratos fijos, se está dando un número de suspensiones que no se ha dado hasta ahora: la tasa de bajas por no superar el periodo de prueba se ha triplicado.
  • La tasa de temporalidad de Hego Euskal Herria es una de las más altas de la Unión Europea, con un 24,5%, por encima de la media de la UE (14,5%).

Igor Arroyo: Hay que luchar por el reparto justo de la riqueza en los centros de trabajo y en la calle

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, asegura que la precariedad laboral y vital se está extendiendo y que las instituciones vascas están mirando para otro lado: “Tanto Urkullu como Chivite dicen que vienen tiempos de mucha incertidumbre. Pero tenemos varias certezas. Primero, que el modelo neoliberal que ha puesto en el centro los beneficios de las empresas no sólo es injusto, sino cada vez más inviable. En segundo lugar, con unos recursos limitados, el debate central de los próximos años es cómo se distribuirán esos recursos, cómo vamos a hacer una transición ecosocial justa”.

En opinión de Arroyo, las políticas públicas del Gobierno Vasco y del Gobierno de Nafarroa siguen la línea seguida hasta ahora: “mientras que en los distintos países europeos se habla de incrementar la intervención pública en la economía y de gravar más a los empresarios, en Euskal Herria no se plantea nada parecido”.

Hay dos razones detrás: la primera, el desequilibrado desarrollo del autogobierno existente en Hego Euskal Herria: eficaz para hacer políticas en beneficio de los empresarios, pero totalmente limitado para tomar medidas a favor de las y los trabajadores. En este sentido, LAB reivindica un Código Laboral y una Seguridad Social propias. El segundo motivo, la falta de voluntad de los partidos políticos que gestionan este autogobierno limitado: la patronal les determina la agenda.

En este contexto, Arroyo ha destacado la necesidad de intensificar las luchas sindicales y sociales. En cuanto a los centros de trabajo, ante la cerrazón de la patronal, las y los trabajadores están llevando a cabo numerosas huelgas y movilizaciones, tanto en ámbitos históricamente sindicalizados como en nuevos sectores. En este sentido, ha destacado el trabajo que está realizando la militancia de LAB para renovar los convenios en los sectores feminizados, crear el primer convenio de las trabajadoras del hogar o regular las condiciones laborales de las trabajadoras de Amazon: «Todas estas luchas son luchas para repartir la riqueza, para garantizar unas condiciones de vida dignas a todo trabajador o trabajadora».

En el ámbito social, Arroyo ha hecho pública la necesidad de movilizaciones para hacer frente al encarecimiento de la vida. En este sentido, ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas por la Carta de Derechos Sociales con el lema “Pobretzeari STOP! ¡Condiciones de vida dignas y control de precios ya!” el 19 de noviembre en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.

Propuesta de LAB: TRANSICIÓN ECOSOCIALISTA FEMINISTA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

En respuesta a la crisis ecosocial, LAB ha presentado una propuesta con cuatro grandes apartados tanto a los dos Gobiernos de Hego Euskal Herria como a los Consejos Económicos y Sociales.

En primer lugar, el reparto equitativo del empleo, los trabajos de cuidados y la riqueza, tanto a través de la política de empleo (entre otros, estableciendo un salario mínimo de 1.400 euros, garantizando la capacidad adquisitiva, acabando con toda brecha y estableciendo una jornada de 30 horas) como de la política fiscal (reforzando los impuestos sobre Rentas de Capital y Sociedades).

En segundo lugar, medidas para garantizar a toda la ciudadanía los servicios públicos y los derechos fundamentales como la salud, los cuidados, el transporte, la vivienda, la pensión o la energía. Hemos pedido una intervención pública fuerte en estas zonas, acabando con toda política de privatización en beneficio de los oligopolios.

En tercer lugar, hemos reclamado la puesta en marcha de una transición ecosocialista, orientada a la participación de las y los trabajadores, en lugar del fraude del «capitalismo verde» que permita a la patronal hacer negocio. Quienes más consumen más tendrán que reducir más su consumo.

Finalmente, junto con el ejercicio de las competencias de las instituciones vascas, hemos puesto de relieve la necesidad de dotarse de instrumentos estatales como la Seguridad Social Vasca o el Código Laboral Vasco.