El Sindicato LAB quiere mostrar su preocupación por el ataque y la mala fe que se observa desde algunos partidos y medios de comunicación en el tratamiento de las Rentas de Garantías de Ingresos. Hay una intencionalidad política deliberada por asociar esta prestación con la picaresca y el fraude, a la vez que desproveerla de su carácter de derecho social. Prejuicios clasistas que preparan el terreno para luego aplicar nuevos recortes.

En pocos días se han sucedido noticias interesadas y descontextualizadas, con el objetivo de extender la sospecha. La pasada semana, el Parlamento Vasco, a iniciativa del PP, y con el apoyo del PNV y el PSOE, aprobó una proposición para que el Gobierno Vasco concrete qué trabajos en favor de la comunidad deben realizar las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos. Posteriormente hemos conocido la noticia de que Lanbide busca a miles de personas que reciben o solicitan la RGI y están ilocalizadas, con clara intención difamadora.

La situación de las personas que carecen de recursos económicos no es algo residual y que dependa exclusivamente de su responsabilidad individual. La desigualdad social y la pobreza no puede separarse de las decisiones políticas y económicas del momento. Por ello, resulta indecente que quienes aprueban reformas laborales y de pensiones, y niegan el derecho a la vivienda mientras salvan bancos, no tengan otro objetivo que extender la duda y la sospecha sobre miles de personas que carecen de protección económica. Resulta inaceptable que se hable de miles de personas ilocalizadas sin analizar las razones que pueda haber tras ello (extralimitación administrativa, error en los datos, confusión entre solicitudes y prestaciones concedidas,…) y cuando se impuso un sistema de gestión de las prestaciones en manos de Lanbide de manera apresurada, y sin la dotación de medios materiales y humanos necesarios para atender con agilidad y respeto a los plazos de concesión.

No es este el camino. La solución no pasa por la criminalización para justificar nuevos recortes. La cuestión central es cómo hacemos efectivo un derecho social acontar con medios económicos suficientes que permitan vivir con un mínimo de dignidad. Bien haría el Gobierno Vasco en abandonar la senda de la persecución para crear un clima contrario a quienes, en un momento u otro de su vida, ejercen este derecho social básico. Por ello, LAB exige al Gobierno Vasco que se centre en lo verdaderamente apremiante, prioritario y central en estos momentos:

– No aplicar los recortes que se nos imponen desde Madrid (desempleo, copago, universalización de la sanidad,…) y que afectan a los sectores más débiles.

– Revisar el sistema de garantía de ingresos derivado de la falta de empleo o ingresos suficientes: derogar los recortes realizados, aumentar el tope de ingresos para acreditar su carencia, incrementar su cuantía de manera inmediata y por último, habilitar más medios humanos y técnicos para ofrecer un servicio de gestión pública, ágil y digno con las personas.

– Unas políticas de empleo de calidad, en un marco que supere la actual reforma laboral, así como de inversión y empleo público en actividades de mejora de la calidad de vida.

– Garantizar el derecho a la vivienda (paralización de los desahucios, reconversión de hipotecas en alquiler social, parque público de viviendas).  

 

LAB SAREAN
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