La reforma del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas ha salido adelante con el apoyo de PNV, PP y PSE, dando así satisfacción a las exigencias del lobby empresarial (Adegi y Círculo de Empresarios Vascos) y las de sus mentores del Gobierno Vasco. A partir de ahora, los bienes patrimoniales utilizados para el desarrollo de actividades económicas, así como determinadas participaciones empresariales, quedan totalmente exentas del impuesto y sus propietarios no tendrán que declarar que forman parte de su riqueza personal.
Conviene aclarar que este impuesto no supone un gravamen para las empresas, porque se trata de un impuesto de carácter personal que grava la capacidad económica derivada de la riqueza acumulada por los contribuyentes más afortunados.
Por lo tanto, las exenciones aprobadas no están concebidas para impulsar la economía, ni la creación de empresas; sino para beneficiar a una minoría privilegiada que verá reducida su carga fiscal en detrimento de la recaudación impositiva.
Conviene aclarar que este impuesto no supone un gravamen para las empresas, porque se trata de un impuesto de carácter personal que grava la capacidad económica derivada de la riqueza acumulada por los contribuyentes más afortunados.
Por lo tanto, las exenciones aprobadas no están concebidas para impulsar la economía, ni la creación de empresas; sino para beneficiar a una minoría privilegiada que verá reducida su carga fiscal en detrimento de la recaudación impositiva.
En concreto, este año un total de 8.059 contribuyentes han presentado declaración. Este colectivo constituye el 1% más rico de la sociedad guipuzcoana, y el 42% del patrimonio conjunto declarado está compuesto por los bienes ahora exentos.
Además del negativo impacto recaudatorio, la medida aprobada conlleva otro tipo de consecuencias:
• Se configura un impuesto menos equitativo, porque dejan de gravarse con generalidad todos los bienes que forman parte del patrimonio.
• Disminuye la progresividad que el impuesto confiere al sistema tributario.
• Se produce una importante pérdida de información de gran utilidad para atajar el fraude fiscal.