En el marco del Día Internacional de las personas Refugiadas desde el sindicato LAB, redoblamos nuestra apuesta por la defensa de los derechos, necesidades y oportunidades de las personas refugiadas y desplazadas. El derecho al asilo es un derecho humano internacional; recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de Ginebra y, también, en la Constitución Española. Consiste en el compromiso de protección ofrecida por un Estado a determinadas personas, que por diferentes motivos, sus derechos fundamentales se encuentran amenazados por actos de persecución o violencia.
Más de 114 millones de personas viven en todo el mundo desplazadas forzosamente de sus territorios por la guerra, la violencia y graves violaciones de sus derechos fundamentales. Este es el número más alto jamás registrado. En 2023, 163.220 personas han solicitado asilo en España. De las cuáles, sólo se han aprobado 1 de cada 8 peticiones. Siendo las de nacionalidad ucraniana, las más “favorecidas” con un 98,9 % de aceptación. En Hego Euskal Herria se han registrado 8.324 solicitudes de asilo. Pero sólo se cuenta con 1.732 plazas para la acogida. Y para acceder a una cita en los servicios municipales de urgencias, que gestionan cuestiones de primera necesidad como las tarjetas para acceder a los comedores o a los albergues, la media de espera es de dos o tres meses.
Detrás de estas cifras, se encuentran personas atrapadas en un sistema de protección internacional colapsado y deficitario; plagado de trabas que obstaculizan la protección efectiva de las personas refugiadas, desplazadas y migradas; a las que no se suele reconocer como sujetas de derecho.
Esto no es casual. Desde la Europa Fortaleza las directrices son claras: securitización de las fronteras, necropolitica y estigmatización y persecusión de estas “personas-amenaza” al interior de los territorios. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo reafirma esta tendencia porque introduce la posibilidad de vulneración de derechos fundamentales permitiendo la devolución inmediara de personas, la implementación de pseudo-cárceles privadas en las fronteras enlas que se podrá detener durante días a personas en tránsito, incluidas niñas y niños, para someterles a controles de screening sin ningún tipo de seguimiento judicial ni asistencia sanitaria, el reasentamiento de las personas en tránsito a través de acuerdos opacos entre países que niegan el ingreso y terceros países que aceptan “reasentar” recibir a estas personas a cambio de 20.000 euros por cada una y sin que luego se realice seguimiento del trato proporcionado a las personas que reasientan.
Urge desmontar el modelo actual porque es un modelo de muerte que criminaliza la solidaridad, al obstaculizar las operaciones de salvamento y rescate, que no incluye la opción de visados humanitarios ni de corredores seguros ni de vías de acceso legales. Un modelo que dota de poder, recursos y presupuestos para el control de la fronteras a una agencia policiaca que es FRONTEX. Y que, al interior de los territorios; persigue, criminaliza y estigmatiza a estas personas a través del aumento de los controles por perfil étnico-racial, los abusos policiales, la proliferación de CIES, la discriminación y negación de condiciones dignas de empleo, de vivienda, de sanidad,…Un día como hoy y todos los días, desde el sindicato LAB, creemos que urge repensar qué entendemos por refugio, asilo y acogida. Hagamos posible en Euskal Herria un territorio de acogida en clave de justicia, reparación y reconocimiento. Nosotras, desde nuestro lugar y posición, estamos trabajando en lo que nos toca: apostando por un sindicalismo antirracista CASA para y de TODAS.