Más de 120 familias en régimen de alquiler están en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas a raíz de que el fondo buitre Mosaic las haya comprado con el objetivo de hacer negocio a costa de personas que han construido su vida en ellas durante largos años.
Previamente, estas viviendas eran propiedad de InmoCaixa, empresa dedicada a gestionar la cartera inmobiliaria del banco La Caixa, que recientemente vendió todas ellas en lote al fondo buitre Mosaic. Esta última se niega a renovar los contratos de alquiler vigentes, por lo que las personas que viven en esas casas se encuentran en riesgo de ser expulsadas de ellas.
El fondo quiere vender las viviendas a un precio que para muchos y muchas de las actuales inquilinas es inasumible. Además, han ejercido presiones y amenazas para lograr que las viviendas queden vacías cuanto antes.
Según han explicado los y las inquilinas en la comparecencia llevada a cabo hoy en la plaza de Los Ochos, lo que les está ocurriendo es una injusticia y una realidad que no están dispuestas a aceptar. Por ello, han optado por organizarse colectivamente junto con el sindicato LAB y luchar por defender sus hogares: “Para estas empresas somos numeros en una tabla estadística. ¿Pero a donde quieren que nos vayamos? Hemos construido nuestra vida en este barrio, en este pueblo. Tenemos aquí nuestra vida social, nuestras hijas acuden aquí a la escuela, trabajamos y vivimos aquí. Y lo tenemos claro. Nos quieren echar. Pero no nos vamos. Nos quedamos”.
Exigen al fondo buitre que se siente a negociar una renovación colectiva con contratos de alquiler ajustados a los ingresos de los y las actuales arrendatarias.
Se trata de gente trabajadora que sabe lo que es tener trabajos precarios y ver como van perdiendo poder adquisitivo y como se van mermando sus derechos y condiciones de vida mientras la patronal se enriquece a su costa. Y es que la vivienda se ha convertido en una de las principales causas del empobrecimiento de la clase trabajadora, por lo que LAB subraya la importancia de organizarse colectivamente para plantar cara a esta problemática.
Por ello, transmiten el siguiente mensaje a la patronal inmobiliaria y a todo aquel que pretenda sacar rédito de un derecho fundamental como es el de la vivienda, en este caso al fondo Mosaic: “Nuestras vidas valen más que vuestros negocios y no estamos dispuestas a rendirnos”.
En consecuencia, llaman a los y las vecinas de Erandio a salir a la calle el próximo jueves 24 de septiembre y participar en la manifestación que partirá a las 19:00 desde la plaza de Los Ochos.
Llamamiento a las instituciones
En la rueda de prensa de esta tarde los y las afectadas también han querido señalar la responsabilidad de las instituciones. Hace dos años hubo oportunidad de declarar al municipio de Erandio zona tensionada, pero no se hizo así y el ayuntamiento no ha tomado ninguna medida para reducir el precio de la vivienda ni facilitar el acceso a ella. Es urgente que se tomen medidas para poner el cerco a fondos buitres que actúan sin miramientos. Hacen falta medidas a favor de los y las inquilinas.
En lo que respecta al Gobierno Vasco, la mayor parte de las medidas que ha tomado hasta ahora en materia de vivienda han sido en favor los propietarios.
Por ello, los y las vecinas de Los Ochos piden al ayuntamiento de Erandio que acelere la declaración de Zona Tensionada para poder valerse de la prórroga y que puedan realizar el proceso de negociación con Mosaic sin la amenaza de desahucio.
A su vez, solicitan tanto al ayuntamiento como al Gobierno Vasco que intermedien en este conflicto y tomen las medidas necesarias para buscar una solución. La forma permanente sería que Los Ochos pasen a ser propiedad pública y por lo tanto parte del parque público de alquiler.
La anulación del decreto para la normalización del uso del euskera en el sector público evidencia la necesidad de una arquitectura jurídica que sitúe en el mismo nivel al euskera y al castellano. Desde LAB exigimos al Gobierno Vasco que haga frente a las amenazas que llegan de los tribunales y ponga en marcha el proceso para elaborar un nuevo decreto que responda a las necesidades de la euskaldunización.
Los tribunalessiguen con la ofensiva sistemática contra toda medida destinada a la normalización del uso del euskera y a la garantía de los derechos lingüísticos. El que ha sido puesto en la mira esta vez ha sido el decreto del Gobierno Vasco del 2024, argumentando que el informe económico es insuficiente. Llevan años utilizando argumentos retorcidos a próposito para cada caso e intentando deshacer la arquitectura jurídica construída para impulsar la euskaldunización y las ofertas públicas de empleo. Está claro que esta última sentencia es un paso más que se enmarca en dicho proceso de desoficialización del euskera.
Es especialmente grave que sea el Decreto para la Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público Vasco el que queda anulado, ya que se trata del decreto que regula todos los aspectos de la euskaldunización de la administración de la CAV y, en consecuencia, el proceso de normalización del uso del euskera en su conjunto queda sumido en una total incertidumbre. Las sentencias que se han ido conociendo durante años han resquebrajado la seguridad jurídica de ese proceso, y esta última la destruye del todo.
LAB se mostró muy crítico en el momento en que se aprobó el decreto, ya que era del todo insuficiente para responder de forma adecuada a las necesidades de la situación que vive el euskera y para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y de los y las trabajadoras públicas. Carecía de ambición suficiente para dar un salto en la euskaldunización de la administración, tal y como denunció el sindicato. De todos modos, aún tratándose de un decreto insuficiente, los agentes y jueces euskaráfobos lo ven como desmedido, algo que va demasiado lejos. Por lo tanto, siendo injustificable jurídicamente que se actúe contra dichas medidas, por mínimas que sean, el Tribunal Superior de la CAV ha tenido que recurrir al argumento de la insuficiencia del informe económico.
La nueva Ley de Empleo Público aprobada en junio obliga al Gobierno Vasco a dejar sin validez ese decreto y aprobar uno nuevo. Pues bien, en este momento en que debe comenzar con ese proceso de renovación, la sentencia puede ser vista como una amenaza. Es por ello que LAB exige al Gobierno Vasco que haga frente a las amenazas implícitas de los tribunales y ponga en marcha el proceso para elaborar un decreto que responda adecuadamente a las necesidades de euskaldunización con la participación de todos los agentes implicados.
Este último eslabón de la cadena de sentencias deja una vez más en evidencia la necesidad de una legislación efectiva para lograr una administración euskaldun. Si no se aprueba una legislación que sitúe al euskera y al castellano jurídicamente al mismo nivel la euskaldunización de la administración seguirá dependiendo de los caprichos de los juzgados en cada momento.
Frente a esta grave sentencia que atenta contra la normalización del euskera, LAB llama a todos los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía a seguir movilizándose en defensa de sus derechos laborales y lingüísticos.
El vídeo que se ha hecho público hoy pone de manifiesto que los agentes de la Policía Municipal que actuaron de forma muy violenta e inadecuada con el joven Ander de Santurtzi han ocultado los hechos y han sido protegidos por sus responsables.
Lo ocurrido en Santurtzi el 22 de junio de 2026, lamentablemente, no es nuevo en Euskal Herria. Es el ejemplo del abuso policial y de la consecuencia más grave de una intervención violenta. Los hechos lejos de una actitud individual de unos pocos policías, tienen el origen en razones estructurales así como en las decisiones políticas que se han tomado durante décadas en relación con el modelo policial.
Desde LAB vivimos con preocupación y malestar lo ocurrido en Santurtzi, ya que ha sido una intervención violenta muy grave, cuya gestión se ha llevado a cabo desde el principio de forma inapropiada, que llevó a Ander hasta la muerte. Se debió tanto al incumplimiento como a la incapacidad en el ejercicio de sus funciones por parte de unos trabajadores municipales -policías municipales- que debían prestar un servicio público y proteger las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos, en este caso de Ander. A Ander, una persona con problemas de salud mental y conocido por ser atendido en más ocasiones, en vez de ofrecerle ayuda y protección, le aplicaron una violencia extrema. Fue tiroteado con una pistola táser, incumpliendo los protocolos que tiene la policía local para su uso. Fue retenido durante largo tiempo y la información necesaria para la asistencia sanitaria fue ocultada.
Esta forma de hacer está ligada a la habitual actitud de las autoridades políticas de proteger y encubrir cualquier actuación policial. Esta falta de transparencia y asunción de responsabilidades aumenta la impunidad y daña los pilares de cualquier sociedad democrática. Para LAB es totalmente denunciable el mutismo del Ayuntamiento de Santurtzi y del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Sin embargo, este silencio, tanto del Gobierno Municipal como del Departamento de Seguridad, ha permitido a los sindicatos corporativos policiales que promueven y apoyan el uso extremo de la violencia imponer el orden social y el falso y peligroso marco ideológico de la seguridad que se pretende implantar desde la extrema derecha y la agenda reaccionaria, aquella de quienes consideran que la solución vendrá del aprendizaje de técnicas de formación para aplicar más violencia y que cualquier intervención policial es defendible. En LAB tenemos el sindicalismo de clase como base de nuestra acción y sabemos bien que la defensa de los intereses de los y las trabajadoras no es defender más impunidad.
¿En qué momento se convierte en una amenaza para determinados policías un ciudadano que va a recibir un servicio público y pedir ayuda? Es intolerable lo que ocurrió, máxime cuando estas cosas son evitables. Por ello, es necesaria una profunda transformación en torno al modo de entender la seguridad en general, y más concretamente en torno al modelo policial y al uso de la violencia y las armas. Las autoridades municipales deben tomar decisiones urgentes, desde el personal municipal que ha tenido una intervención directa, pasando por todos los protocolos de actuación hasta todos los cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Asimismo, el Departamento de Seguridad debe aplicar una transparencia, una depuración de la responsabilidad política y unos mecanismos de control rigurosos y transparentes para que esto nunca más ocurra. También, cómo no, se debe abrir el debate necesario para revertir el modelo de policía que hasta ahora se ha instalado en Arkaute y que normaliza este tipo de hechos.
Desde el sindicato LAB haremos nuestra aportación en este debate tanto a nivel municipal como a nivel general, luchando por la transformación del modelo de seguridad. Vamos a profundizar en el camino que iniciamos hace tiempo, organizando y trabajando con los agentes de la Policía Municipal que forman parte de esta transformación. Además, exigiremos una formación centrada en la satisfacción de las necesidades del conjunto de las y los vecinos del municipio y basada en métodos de mediación para la resolución de conflictos, definiendo perfiles y funciones de las y los policías que son personal municipal, consensuando procesos de selección propios y exigiendo mecanismos de control rigurosos que sean transparentes.
A su vez, desde LAB seguiremos reclamando justicia para Ander y mostramos a sus familiares y personas allegadas todo nuestro apoyo.
Vecinos y vecinas de Etxabakoitz, Buztintxuri, Artika, San Jorge y Rochapea, con el apoyo de LAB, han anunciado una manifestación el próximo 17 de octubre en Iruñea. La movilización servirá para denunciar la no renovación por parte de Testa de los contratos de 500 viviendas que han perdido la calificación de VPO, y reclamar que estos inmuebles pasen a formar parte del parque público.
En los últimos meses, Testa, filial de Blackstone -el mayor fondo de inversión inmobiliaria del mundo- ha comenzado a comunicar a las personas inquilinas el fin de sus contratos y su intención de poner las viviendas a la venta en el mercado privado. La empresa tiene vía libre para expulsar a centenares de familias trabajadoras y vender las viviendas en el mercado privado a precios inaccesibles, alimentando la especulación y un modelo rentista que genera cada vez más desigualdad.
Los 500 inmuebles fueron construidos con dinero público y sus inquilinos e inquilinas llevan más de veinte años pagando los alquileres. En muchos casos, además, parte de estas rentas ha sido cubierta mediante prestaciones sociales. “El 100% del coste de estas viviendas está más que pagado, tanto por quienes vivimos en estas casas como por el conjunto de la sociedad navarra. Son nuestras casas”, han señalado los y las vecinas. La operación es un pelotazo inmobiliario nunca visto antes en Nafarroa, para enriquecer a los de siempre. No podemos permitirlo.
La situación se produce en un contexto de emergencia habitacional y con Nafarroa declarada Zona Tensionada. Las personas afectadas reclaman priorizar el derecho a la vivienda por encima de su uso como activo financiero y producto de especulación.
El 17 de octubre tendrá lugar una manifestación que partirá de Baluarte a las 17:30 horas, en la que las personas afectadas reclamarán la recuperación de estas viviendas para el parque público, la paralización de las amenazas de desahucio y la firma de contratos indefinidos que garanticen la estabilidad residencial. También exigirán medidas para adecuar los precios del alquiler a la realidad económica de la población y que Testa y Blackstone sean declaradas empresas no gratas en Nafarroa. Cada vivienda, cada comunidad de vecinas organizada y cada barrio son lugares desde donde podemos plantarles cara y luchar por nuestro derecho a un hogar donde poder construir un proyecto de vida digno.
Desde LAB recordamos que la lucha de las vecinas de Ezkaba en la Txantrea contribuyó a la aprobación, el pasado mes de junio, de una modificación de la ley que permite mantener la calificación de VPO de las viviendas que actualmente cuentan con esta condición. Sin embargo, esta modificación llega tarde para las viviendas de Testa.
En LAB nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir desarrollando una acción sindical frente a la patronal inmobiliaria. Es posible y viable: podemos ganar esta pelea a Blackstone.
Salario mínimo, defensa del empleo y reforzar los servicios públicos, las tres grandes prioridades para este curso. Según LAB, el mejor camino para cerrar las puertas al fascismo y a la ola reaccionaria es poner límites al capital y apostar por políticas redistributivas.
En los últimos años las y los trabajadores vascos han apostado por defender sus derechos con firmeza. Las luchas sindicales han sido numerosas, lo que ha permitido renovar varios convenios. Además, el 17 de marzo hicimos una exitosa Huelga General por un salario mínimo propio de 1.500 euros. Fue un paso importante para poner límite a la continua devaluación salarial, situar el reparto de la riqueza en la agenda y proteger a los sectores precarios, muchos de ellos feminizados y racializados, que tienen condiciones más adversas para la negociación colectiva.
Tanto Confebask como la CEN se han negado a sentarse en la mesa de negociación. Y, seis meses después de la Huelga General, los gobiernos vasco y navarro no han adoptado ninguna iniciativa para conseguir que las patronales se sienten a la mesa, ni para lograr la competencia del salario mínimo, ni para garantizar los 1.500 euros en los ámbitos subcontratados por la administración pública.
En cualquier caso, el paso dado no tiene vuelta atrás: en Hego Euskal Herria está claro que un salario superior a 1.500 euros es necesario para hacer frente a la vida diaria. Es de agradecer la aportación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras el 17 de marzo, que ha impulsado la lucha de los sectores precarios y, en general, la reivindicación del reparto de la riqueza. Desde entonces, en los convenios firmados por LAB se ha garantizado un salario mínimo de 1.500 euros y en los ámbitos en los que el sindicato es mayoritario apenas hay salarios inferiores a 1.500 euros. Ese es el compromiso que ha adquirido LAB en la negociación colectiva: hacer una aportación para que el salario mínimo de 1.500 euros sea una realidad en los distintos convenios. Junto a ello, mantendremos la interpelación política, tanto de cara a los dos gobiernos de Hego Euskal Herria como al Gobierno de Madrid: más pronto o más tarde, conseguiremos la capacidad legislativa para establecer el salario mínimo.
Asimismo, cabe destacar el compromiso que están mostrando las y los trabajadores vascos en defensa del empleo. En conflictos como el de Maderas de Llodio o el de Tubos Reunidos se ha visto de forma clara que la patronal solo prioriza los beneficios y que son las y los trabajadores quienes luchan por mantener el empleo y el tejido industrial. La actitud del Gobierno Vasco y del Gobierno de Nafarroa es incomprensible e incoherente: hablan de arraigo industrial en el territorio, pero, lejos de ser compañeros de viaje de las y los trabajadores que apuestan por ello, se posicionann con frecuencia con las direcciones de las empresas.
En tercer lugar, en cuanto a la situación de los servicios públicos, es evidente la falta de una apuesta estratégica de los gobiernos vasco y navarro. Ambos se niegan a acabar con los privilegios fiscales de empresarios y rentas altas y, en consecuencia, renuncian a una política presupuestaria que permitiría el desarrollo de los servicios públicos. Asimismo, mantienen una línea favorable al sector privado en los ámbitos de la educación, los cuidados, la sanidad o la vivienda, a pesar de que en Nafarroa se han dado algunos pasos (como la publificación de las ambulancias y el blindaje de viviendas de protección oficial). También es denunciable que el euskera sigue siendo una lengua de segundo nivel en la administración pública. Finalmente, es deplorable el bloqueo impuesto en la negociación colectiva por el Gobierno Vasco, el Gobierno de Nafarroa y Eudel (en el caso del convenio de los ayuntamientos Udalhitz), mientras mantienen negociaciones bilaterales excluyentes (y en el caso de la CAV, incluso acuerdos) con el denominado Sindicato Médico.
Precisamente las tres que se han citado son las prioridades de LAB para este curso: dar continuidad a la lucha por el salario mínimo, mantener la firme defensa del empleo, desbloquear la negociación colectiva en los servicios públicos, que el euskera sea lengua oficial y reforzar los servicios públicos en los ámbitos de la vivienda, la educación, la sanidad y los cuidados. En lo que respecta a esto último, junto con la mejora de las condiciones de vida de los y las trabajadoras de cuidados (equiparación, mejora de ratios, renovación de convenios), LAB participará en la nueva dinámica organizada por el movimiento feminista de Euskal Herria a favor del sistema de cuidados público comunitario.
En resumidas cuentas, LAB reivindicará cambios estructurales en las políticas públicas en todos los ámbitos, y esa es, precisamente, la forma de hacer frente a la ofensiva reaccionaria que se está fortaleciendo. De hecho, esta fase capitalista cada vez más violenta encuentra en el autoritarismo y el fascismo el camino para perpetuarse, poniendo a las y los trabajadores contra las y los propios trabajadores, fomentando el acoso a las personas migrantes; en Ceuta, contra las y los manteros… Las medidas que propugna LAB exigen un cambio de rumbo de las políticas públicas, poner límites al capital, apostar por políticas de redistribución en lugar de la acumulación de la riqueza. Ese es el camino para cerrar las puertas al fascismo y a la ola reaccionaria.
Gobierno y patronal: sin visión de país y dando la espalda a las y los trabajadores
Es evidente que el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no tienen voluntad ni capacidad para adoptar medidas significativas a favor de estas demandas. Es más: como no les agradan las demandas que hace el sindicalismo de contrapoder, prefieren hacer una escenificación del diálogo social con CCOO y UGT.
Esta actitud es especialmente grave en el caso del Gobierno Vasco. El día siguiente de la huelga general, el gobierno anunció su intención de dar un nuevo paso en la institucionalización del diálogo social, junto a Confebask y UGT-CCOO. Para ello legitimó a una patronal que se niega a negociar el salario mínimo e instrumentalizó a los sindicatos que sólo cuentan con el apoyo del 27,6% de la representación.
En la misma línea, Confebask ha propuesto un «pacto vasco de competitividad». Confebask no tiene visión de país, no quiere impulsar un pacto de país. El enfoque productivista capitalista basado en el crecimiento continuo está en la base de su reflexión, y las recetas que plantea son las de siempre: por un lado, interpelar a las instituciones para que rechacen toda política de redistribución y adopten medidas fiscales regresivas; por otro, presionar para desactivar el sindicalismo combativo.
El gobierno y la patronal también tratan de mantener el esquema de diálogo social en Nafarroa, cada vez con mayores dificultades. El contexto político de Nafarroa ha cambiado, la capacidad de influencia del sindicalismo abertzale ha aumentado y en las elecciones sindicales está cambiando la correlación de fuerzas: UGT y CCOO sólo tienen el 47,9% de la representación, mientras que los sindicatos abertzales han superado la barrera del 41%.
Periodo concentrado de elecciones sindicales
En este contexto comenzará el periodo concentrado de elecciones sindicales. Será una oportunidad inmejorable para lanzar un mensaje claro a la patronal y al gobierno que dan la espalda a las y los trabajadores. El apoyo mostrado por los y las trabajadoras al sindicato LAB ha sido decisivo a lo largo del tiempo: cuanto más fuerte sea LAB, mayor es la posibilidad de provocar cambios a favor de los y las trabajadoras vascas. Precisamente, el lema principal de estas elecciones sindicales será Eragin. Y, junto con él, Somos contrapoder, reivindicando el modelo sindical que representa LAB.
LAB inicia este periodo concentrado con la mayor representación de su historia y con la ambición y la posibilidad de seguir creciendo. Según los últimos datos oficiales (30-6-2026), la representatividad de LAB es la siguiente: en Nafarroa, un 18,53%; en la CAV, un 20,89%; y en Hego Euskal Herria, un 20,25%. Desde una perspectiva a largo plazo, el crecimiento de LAB está siendo espectacular:
Desde LAB restamos credibilidad a la iniciativa de la ronda de reuniones y le hemos pedido que deje de lado de una vez por todas las políticas que profundizan en la precarización de la vida, ya que continuar con políticas neoliberales supone alimentar al fascismo.
En la primera reunión mantenida con el lehendakari Imanol Pradales, en el 2024, desde LAB le pedimos poner en marcha políticas a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Le trasladasmos cuatro peticiones concretas: mejorar los salarios y las condiciones laborales e impulsar un Salario Mínimo Interprofesional propio; reforzar los servicios públicos; remodelar la industria para la transición ecosocial y defender el empleo industrial; y profundizar en el autogobierno.
El balance que hacemos en LAB en torno a las políticas impulsadas por el Gobierno de la CAV durante estos dos años no es positivo. Además de no tomar decisiones que favorecen a los y las trabajadoras, sigue obedeciendo a las exigencias de la patronal. Esa ha sido la idea principal que hemos trasladado hoy al lehendakari, al que hemos explicado en que sustentamos nuestra crítica área por área.
Se están llevando a cabo políticas públicas que favorecen la acumulación desigual de riqueza y se renuncia a poner en marcha políticas de redistribución, premiando así a la patronal y dando la espalda a las y los trabajadores. Desde LAB denunciamos que, en pleno auge del fascismo, insistir en estas políticas que profundizan en la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora es dar de comer al fascismo y permitir que la oleada reaccionaria avance en su camino.
El gobierno de Imanol Pradales profundiza en el camino de las políticas neoliberales del mandato anterior, lo cual no se puede disimular llamando al diálogo ni creando marcos que no tienen el objetivo de construir acuerdos.
Frente a la necesidad de renovar y fortalecer Osakidetza, la Mesa de Salud terminó por cerrarse en falso, y ni un solo sindicato se adhirió a las conclusiones desprendidas de ella. El origen del desgaste del sistema público son la falta de inversión, la privatización y las políticas de concertación. Todo ello afecta directamente a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. La solución comienza por dejar a un lado las decisiones vinculadas a la privatización de la salud, pero a día de hoy no muestran voluntad política para ello.
En cuanto a la educación se refiere, la mesa puesta en marcha para dar solución a la problemática de la segregación se cerró sin poder dar una respuesta adecuada a la cuestión. En educación pública, el curso pasado LAB cerró acuerdos que contemplaban recursos adicionales en diferentes colectivos laborales. Sin embargo, el Departamento de Educación continúa sin cumplir íntegramente dichos acuerdos que llegaron a raíz de una potente dinámica de movilizaciones y huelgas. Esto es especialmente grave, teniendo en cuenta las necesidades que tiene el sistema educativo y que el informe PISA ha vuelto a poner de manifiesto.
En plena ofensiva contra el euskera, hemos pedido a Pradales más valentía política y que se libere de sus hipotecas con el PSE en esta materia. Para euskaldunizar la administración pública, es imprescindible que el euskera y el castellano tengan el mismo estatus jurídico y eso hoy por hoy no está totalmente asegurado. La ofensiva también se está extendiendo a la educación, como se ha visto este verano con las pruebas de acceso a la universidad. Por ello, desde LAB expresamos nuestra preocupación las declaraciones de representantes de algunos partidos políticos para vincular los pésimos resultados del estudio PISA con el euskera y, sobre todo, que el propio Gobierno Vasco haya citado entre las causas de los malos resultados los modelos lingüísticos. Además de poner freno a los retrocesos en cuanto a los derechos lingüísticos, hemos reclamado al lehendakari medidas para avanzar en la universalización del conocimiento y difusión del uso del euskera; por ejemplo, medidas para garantizar que la negociación colectiva se lleve a cabo en euskera.
En la anterior reunión, desde LAB pedimos al lehendakari que hiciera efectivo el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras públicas, y en ese sentido poco se ha avanzado. En la mesa general no hay negociación; en Osakidetza, el Gobierno Vasco ha hecho un acuerdo fuera de la mesa y en minoría sindical con el SME, y en educación no cumplen con los acuerdos. Un gobierno al que se le llena la boca hablando de construir acuerdos pierde toda credibilidad cuando actúa de la manera contraria en los casos en los que es el empleador.
En el asunto de los cuidados este gobierno mantiene su apuesta por la mercantilización y la privatización. Poder recibir unos cuidados dignos es un derecho, pero a día de hoy no está garantizado. Los trabajos de cuidados se apoyan sobre la precariedad y la explotación de mujeres, principalmente de mujeres migradas. Las empresas privadas siguen haciendo negocio con los cuidados y este gobierno no tiene ninguna intención de transformar este sector ni de dar pasos hacia la construcción de un sistema público comunitario de cuidados.
La situación de la industria también es preocupante para LAB, que ha llevado ha cabo duras luchas en defensa del empleo industrial. No hay políticas que respondan a los retos a los que se enfrenta la industria. No hay reflexión alguna sobre los efectos de la globalización y de la remodelación de la industria para hacer frente a la crisis climática. Las únicas políticas que se llevan a cabo son aquellas que ponen más dinero público en manos de empresas. Es, precisamente, lo que pide la patronal. El mero hecho de inyectar dinero a las empresas no garantiza nada, y la recepción de dinero público debería traer consigo la obligación de cumplir ciertas condiciones (arraigo de las empresas, empleo de calidad y renunciar a hacer despidos, borrar la discriminación en las contrataciones…) y deberían concretarse medidas de control público y social sobre el uso que se le da a ese dinero.
Competencias para cuidar los intereses de Confebask
En lo que respecta a ampliar el nivel de autogobierno tampoco se ha hecho ningún esfuerzo para poder negociar aquí los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la función pública. En cuanto al salario mínimo propio, medida que contribuiría a terminar con la brecha salarial, cabe recordar que los socios de gobierno, PNV y PSE, obstruyeron de forma totalmente antidemocrática el debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular que reclamaba hacerse con esa competencia. En el mismo sentido, denunciamos que hace unos meses la mayoría sindical trasladó al vicelehendakari Mikel Torres una solicitud de reunión que no ha recibido respuesta alguna. En LAB no toleraremos este tipo de desprecios y pedimos al lehendakari otra reunión dentro de dos semanas para tratar expresamente este asunto.
Las competencias que ostentamos y el concierto económico se están utilizando para cuidar los intereses de Confebask. Se trata de medidas que han sido puestas como modelo y aplaudidas por la misma CEOE. Las medidas fiscales acordadas por ambos partidos no hacen más que profundizar en la dirección incorrecta en materia de política fiscal, ya que se mantienen e incluso aumentan los privilegios fiscales en detrimento de los y las ciudadanas y de los servicios públicos.
Sobran razones para ser críticas y críticos con las políticas que lleva a cabo este gobierno. Están en total sintonía con la patronal; sin embargo, a los sindicatos, a los y las trabajadoras, se les pide continuamente que renuncien a luchar. Por fortuna, aquí el sindicalismo combativo tiene fuerza y ostenta una amplia mayoría de la representación sindical. Es por ello que en LAB nos parece grave la proposición de ley que se quiere llevar al parlamento para institucionalizar el diálogo social y premiar el sindicalismo dócil, así que hemos pedido a Pradales que cese en su empeño.
Esta nueva reunión ha dado la oportunidad de hablar sobre cuestiones prioritarias y, una vez más el sindicato ha pedido al lehendakari que respete la palabra de los y las trabajadoras y tome medidas a favor de ellos y ellas.
Coincidiendo con el acto de inicio de curso, los sindicatos LAB, STEILAS, ELA y CGT/LKN hemos realizado una concentración y una rueda de prensa en la Faculta de Letras de Gasteiz.
Un año más, a principios del curso 2026-27, debemos denunciar los principales problemas de la universidad pública. Entre ellos, la infrafinanciación de la EHU es el más grave. Sin financiación suficiente, la universidad pública no puede desempeñar adecuadamente sus funciones. No puede responder a las necesidades y retos de la sociedad vasca, ni garantizar las condiciones laborales y salariales adecuadas de sus trabajadores y trabajadoras.
Hace un año, la financiación de la EHU generó un gran debate público, fruto del choque entre la dirección de la EHU y el Gobierno Vasco y de las movilizaciones y denuncias de los sindicatos. Un año después, estamos en la misma situación. Todavía no sabemos cuál será el presupuesto que el Gobierno Vasco destinará a la EHU para 2027. Es muy posible predecir un aumento limitado respecto al año anterior. Lo que sí es cierto es que volverá a quedar muy lejos de las necesidades reales de la EHU y del objetivo fijado por la propia LOSU para 2030: que suponga, como mínimo, el 1 % del PIB (actualmente no llega a la mitad de ese porcentaje). Tenemos claro que reforzar la universidad pública no es una prioridad para el Gobierno Vasco. La infrafinanciación de la EHU no es un problema de un año, sino un problema estructural, y no se va a solucionar aportando unos pocos millones de euros.
Para poder prestar servicios a la sociedad de forma adecuada y en euskera, se requiere una adecuada dotación de la universidad pública, tanto en cuanto a plantilla como en cuanto a infraestructuras y medios materiales. Al mismo tiempo, hay que hacer frente a problemas estructurales: acabar con la precariedad de algunos colectivos; garantizar el derecho a la promoción de toda la plantilla; hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo en la última década y media y subir los salarios básicos teniendo en cuenta la cualificación exigida; resolver la falta de relevo de profesorado que ya se manifiesta en algunos departamentos; superar el bloqueo para crear nuevas plazas de PDI (Personal Docente Investigador) necesarias; aumentar la ratio PTGAS (Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios) /PDI, creando nuevos puestos de PTGAS en los servicios que lo necesitan; revisar y valorar los puestos de PTGAS para integrarlos en su nivel correspondiente; eliminar los niveles 13 y 14 y elevarlos al 15; publificar los servicios subcontratados (limpieza, TICs…); seguir avanzando en igualdad y euskaldunización de la EHU… Para todo ello hay que garantizar una financiación suficiente.
Asimismo, la universidad pública debe poder ofertar más plazas en las titulaciones en que sea necesario. Para eso también hace falta financiación. No destinar esos recursos económicos o no permitir esos cambios fomenta el crecimiento de las universidades privadas. En los últimos tiempos éstas han proliferado considerablemente. Algunas universidades privadas ubicadas en Euskal Herria están ofreciendo los mismos estudios que ya ofrece la EHU. El último ejemplo son las 60 plazas de grado en enfermería que EUNEIZ acaba de ofertar este curso. Si hay demanda y necesidad, ¿por qué no aumentar la oferta en la universidad pública?
Mientras tanto, las instituciones públicas otorgan un importante apoyo institucional y económico a las universidades privadas: entrega de terrenos públicos, infraestructuras y otras facilidades, como la cesión durante 75 años de suelo municipal para la construcción de los centros Goe del BCC en Donostia y EDA Drinks & Wines del BCC en Vitoria-Gasteiz, la cesión del aparcamiento de la estación de bus de Vitoria-Gasteiz, o la venta a Querejeta del pabellón público Buesa y de terrenos municipales en la zona verde de Salburua. A todo ello hay que sumar las vías abiertas para que las
universidades privadas reciban dinero público a través de contratos-programa o convocatorias de investigación. Quieren vender la modesta subida concedida a la EHU como una apuesta por lo público, mientras fomentan la expansión de las universidades privadas.
En este contexto, la nueva Ley Vasca de Universidades que se está elaborando también nos preocupa mucho. La propuesta presenta una y otra vez a las universidades públicas y privadas como agentes complementarios de un sistema universitario vasco armónico. Y mientras confirma las posibilidades de que las universidades privadas reciban dinero público (incluidas aquellas declaradas como con ánimo de lucro), vincula cada vez más la financiación ordinaria de la EHU a su capacidad para obtener financiación externa. Además, las condiciones que se imponen a las universidades privadas en cuanto a cualificación del profesorado, presencia del euskera, oferta de servicios o rendición de cuentas sobre recursos económicos y gestión del personal, son mucho más flexibles que las que se exigen a la universidad pública (en algunos conceptos incluso inexistentes).
Por todo ello, también a principios de este curso es momento de movilizarse en favor de la universidad pública. Frente al modelo privatizador y liberal exigimos la financiación que necesita la EHU y una ley universitaria que responda a las necesidades de la sociedad vasca, que refuerce de verdad la universidad pública y que no responda a intereses privados. Una universidad basada en lo público, en el euskera, en la cultura vasca y en un sistema universitario soberano.
LAB, STEILAS, ELA y CGT/LKN exigimos al Gobierno Vasco que, de una vez por todas, garantice la financiación que necesita la EHU y apueste decididamente por la universidad pública. Asimismo, la dirección de la EHU no puede jugar un papel de mero espectador. No basta con denunciar la falta de financiación, sino que debe seguir impulsando las gestiones políticas e institucionales necesarias para asegurar estos recursos y, al mismo tiempo, tomar medidas para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores dentro de sus competencias, y cumplir con los compromisos adquiridos. Hasta ahora, en muchas ocasiones se han aplicado los estrechos límites establecidos por el Gobierno Vasco y las demandas de las trabajadoras y trabajadores han quedado en un segundo plano. La defensa de la universidad pública exige firmeza y valentía.
En defensa de la universidad pública,Gobierno Vasco, ¡garantiza la financiación necesaria!
¡Bastade trato defavor a las universidades privadas!
Equipo rectoral, ¡defended con firmeza la financiación que necesita la EHU!
Los sindicatos LAB, ELA, CCOO y UGT hemos comparecido hoyfrente a la sede de la patronal para denunciar públicamente el bloqueo de la negociación del convenio y, sobre todo, para anunciar la próxima jornada de huelga.
El convenio está decaído desde 2019. Los y las trabajadoras llevan más de seis años esperando una actualización de sus condiciones laborales y salariales. Seis años en los que los precios han subido, en los que han perdido poder adquisitivo y en los que, en algunos casos, los salarios del sector ni siquiera alcanzan los 18.000 euros anuales.
La negociación comenzó a mediados de 2019, pero siguen sin convenio.Y han querido señalar claramente al responsable: CECOBI.La patronal no solo está haciendo propuestas insuficientes. Está pretendiendo aprovechar la negociación para recortar derechos que ya teníamos conquistados.
Quieren empeorar el complemento de las bajas médicas. Es decir, pretenden que una persona además de estar enferma tenga un problema económico.
Y también quieren recortar la antigüedad, un complemento que ya está muy limitado, calculado sobre el salario de 2014 y con un máximo de ocho cuatrienios.
Ante todo ello, las y los trabajadores de Comercio Metal expresan lo siguiente:
Queremos salarios dignos, recuperar el poder adquisitivo perdido y garantizar su actualización con el IPC.
Queremos reducir la jornada, acercándonos a las 1.725 horas anuales de otros convenios del comercio de Bizkaia, frente a las 1.758 horas actuales.
Y queremos hacerlo sin renunciar a ninguno de los derechos que ya tenemos.
Las trabajadoras y trabajadores del comercio del metal somos quienes hacemos funcionar este sector todos los días. Mientras las empresas siguen haciendo negocio, somos nosotras y nosotros quienes estamos soportando salarios bajos, jornadas largas y unas condiciones que llevan años sin actualizarse.
Por eso, después de las movilizaciones realizadas y ante la falta de avances en la mesa de negociación, los sindicatos LAB, ELA, CCOO y UGT hemos decidido dar un paso adelante y convocar una jornada de huelga el 7 de octubre.
Por eso hacemos un llamamiento a todo el Comercio del Metal de Bizkaia a organizarse, a movilizarse y a salir a la calle.
Animamos a todas las trabajadoras y trabajadores a participar en las movilizaciones, a hablar con sus compañeras y compañeros y a hacer de esta huelga una respuesta colectiva y contundente.
El 7 de octubre tenemos que ser miles.Porque cuando el sector se moviliza, la patronal tiene que escuchar.
El 7 de octubre vamos a demostrar que las trabajadoras y trabajadores del comercio del metal no estamos dispuestos y dispuestas a seguir perdiendo derechos ni poder adquisitivo.
Por último, lanzan un mensaje a la patronal del comercio del metal:
La próxima mesa de negociación se celebrará el 21 de septiembre y CECOBI tiene la oportunidad para demostrar que realmente quiere alcanzar un acuerdo.
Para ello, debe retirar de la mesa todos los elementos regresivos de su propuesta y garantizar la recuperación del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores.
Decenas de personas se dieron cita ayer en Kripan.
Así, los trabajadores y trabajadoras han querido sacar a relucir el esfuerzo y el trabajo que hay en cada trago de vino. Porque sin esas personas que trabajan en las bodegas y en el campo, no hay vino. Como se explica en el folleto que han podido entregar en mano al propio lehendakari Pradales.
Garantizar unas condiciones dignas de las y los trabajadores del sector que ha recibido millones y millones de dinero público durante largos años es vital para la supervivencia del sector. Por ello, pedimos responsabilidad a las Instituciones y que el dinero público que se invierta en el sector sirva para defender el modelo vitivinícola de Rioja Alavesa. Vemos con preocupación que se arrinconan pequeñas bodegas en beneficio de las más grandes.
Hace meses que Intersindical trasladó a las bodegas una propuesta conjunta. Desde entonces, no hemos tenido respuesta. Esta actitud, lamentablemente, no es extraña en las negociaciones en este sector. Por eso, desde el sindicato hemos hecho una apuesta clara y nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir movilizándonos hasta conseguir el convenio que las personas trabajadoras del sector necesitan y merecen.
