LABLangile Abertzaleen Batzordeak

La situación vivida ayer, 15 de abril, en Bilbao no debería sorprender a nadie, y sin embargo, indigna. Durante meses se ha anunciado un proceso de regularización que afecta a miles de personas migrantes, muchas de ellas en situaciones de especial vulnerabilidad. Se sabía que el momento llegaría, que generaría expectativas, nerviosismo y, sobre todo, una avalancha de solicitudes administrativas. Y aun así, cuando finalmente se activa el procedimiento, la respuesta municipal ha sido desconcertante.

Cientos de personas han recorrido oficinas, registros y unidades de atención social sin obtener respuestas claras. Colas, derivaciones de un servicio a otro, instrucciones contradictorias. A algunos se les indicaba acudir a Acción Social; a otros, al Registro General; mientras tanto, se hablaba de la futura apertura de un dispositivo específico que, en la práctica, aún no estaba operativo. El resultado: confusión, desgaste y una sensación generalizada de abandono institucional. Situación que no es una casualidad sino un síntoma más del racismo estructural y su materialización en las instituciones de gobierno y en la administración.

No se trata de un problema menor ni de un fallo puntual. Es una cuestión de previsión y de respeto. El Ayuntamiento de Bilbao sabía con antelación que se avecinaba un proceso de estas características, su responsabilidad era anticiparse: coordinar departamentos, establecer protocolos claros y, sobre todo, informar con transparencia tanto a la ciudadanía como a sus propios trabajadores y trabajadoras. Nada de eso ha ocurrido de manera suficiente.

La falta de claridad no solo genera ineficiencia administrativa; tiene consecuencias humanas. Quienes se encuentran en procesos de regularización no están simplemente tramitando un documento: están intentando estabilizar sus vidas, acceder a derechos básicos y salir de situaciones de precariedad. Obligarles a deambular entre ventanillas, sin certezas ni orientación, es añadir incertidumbre a una realidad ya de por sí compleja.

Este episodio también pone sobre la mesa una cuestión más amplia: la deriva en la atención a los sectores más vulnerables. El colapso de servicios sociales, las dificultades en recursos de acogida o la sobrecarga en dispositivos de atención no son fenómenos aislados. Forman parte de un patrón que refleja tensiones estructurales en el modelo de atención y en las prioridades políticas, como denunciaban en un Manifiesto decenas de profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao.

Esta situación ha afectado también a otros servicios municipales, como el Registro General, que se ha visto colapsado desde primera hora, así como a todos los trabajadores y trabajadoras de este servicio a los que no se les ha facilitado la información necesaria para saber qué procedimiento debían seguir. Es más, a media mañana se les ha comunicado que se estaba analizando la situación y que dejaran de tramitar más solicitudes y que más adelante se les informaría de cómo proceder.

Queremos denunciar, por ello, la incompetencia y la falta de respeto para con la ciudadanía y sus trabajadores y trabajadoras, demostradas por el equipo de gobierno del PNV y PSE.

Las patronales han presentado una propuesta que, según LAB, incorpora elementos relevantes como la reducción de jornada, la mejora salarial y avances en las incapacidades temporales, y que podría contribuir a desbloquear la negociación.

Desde LAB valoran positivamente que las patronales hayan presentado finalmente una propuesta conjunta, que consideran puede suponer “un gran paso en la buena dirección”. En este sentido, el sindicato señala que hasta ahora únicamente LARES había mantenido una postura proactiva en la negociación, mientras que ANEA había mostrado una actitud de inmovilismo. Según el sindicato, esta situación ha cambiado y ambas patronales han presentado ahora una propuesta negociadora.

El contenido de la propuesta incluye varios elementos que LAB considera relevantes, como la reducción de jornada, que al final del convenio se situaría en 1.649 horas anuales frente a las 1.772 actuales. Asimismo, se contempla que todas las categorías superen los 1.500 euros brutos mensuales al final del convenio, dando cumplimiento a la reivindicación del SMI de 1.500 euros para todo el sector.

Otro de los aspectos destacados es la mejora en las incapacidades temporales (IT), con el complemento del 100% en las bajas laborales. En el caso de las bajas por enfermedad común, también se prevén mejoras significativas, especialmente durante los primeros días, ya que actualmente no existe compensación en los tres primeros días de baja.

Desde LAB señalan que alcanzar una equiparación con los y las trabajadoras de la administración es “una carrera de fondo, y que no se puede conseguir de una vez”. Además, subrayan que la existencia de un convenio en Navarra refuerza su reinvidicación de huir de la estatalización, defendiendo que “lo que se trabaja aquí se decide aquí”.

El sindicato afirma que analizará el texto en profundidad antes de fijar una posición definitiva, aunque mantiene clara su hoja de ruta en el futuro de la negociación.

Tras las últimas movilizaciones, están haciendo paros parciales los días 15 y 22 de abril y 6 de mayo en la Diputación Foral de Araba convocados por la mayoría sindical (ELA, LAB, UGT).

Han expuesto de forma reiterada los motivos de dichos paros: falta de cobertura de puestos, mejoras en condiciones laborales, recuperación de poder adquisitivo, planes de racionalización y revisión de puestos, carrera profesional y mejoras en materia de jubilación.

Basta de imposición, sí a la negociación y al acuerdo.