2026-05-13
Blog Página 33

Los sindicatos han registrado la Huelga General del 17 de marzo

Hoy, los sindicatos ELA, LAB, STEILAS, HIRU y ETXALDE han registrado de forma oficial la convocatoria de Huelga General para el 17 de marzo. Han realizado la convocatoria bajo el lema «Decidir aquí el salario mínimo. SMI de 1500 €. Mejorar los salarios para repartir la riqueza», con el objetivo de dar una respuesta colectiva ante el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento constante del coste de la vida.

Los sindicatos han denunciado que en los últimos años los salarios no han experimentado un crecimiento suficiente como para responder al aumento del coste de la vida, lo que ha empeorado notablemente las condiciones de vida de las y los trabajadores. En este contexto, han insistido en la necesidad urgente de un salario mínimo digno y por eso han reivindicado un salario mínimo propio de 1.500 euros, decidido aquí y adecuado a la realidad socioeconómica de aquí. Esta propuesta mejoraría de forma directa la situación de 167.000 trabajadores y trabajadoras en Hego Euskal Herria. Y un SMI más alto condiciona la negociación colectiva para que acuerden mayores subidas salariales.

Asimismo, los sindicatos han recordado que las decisiones sobre el salario mínimo se toman en la actualidad lejos de Euskal Herria, apartadas de las necesidades diarias de las y los trabajadores y de las características de nuestro pueblo. Frente a ello, defienden que es fundamental que la capacidad de decisión esté aquí, con el objetivo de dar pasos en el camino de la soberanía en las relaciones laborales.

Los sindicatos han trabajado dos vías para conseguir un salario mínimo propio. Por un lado, dentro de las competencias actuales, intentando abrir una mesa de negociación con las patronales. Por otro lado, en el camino hacia la consecución de nuevas competencias, los sindicatos han impulsado una iniciativa legislativa popular, y recibieron 138.495 firmas en su apoyo, para, entre otras cosas, poder establecer un Salario Mínimo Interprofesional propio en la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa. La patronal y los partidos políticos que se han alineado con ella han bloqueado ambas vías. Del mismo modo, Asimismo, a juicio de los sindicatos, es necesario abrir una tercera vía, y resulta imprescindible situar la cuestión del salario mínimo, tanto en la CAV como en Navarra, como una reivindicación esencial en la renovación del estatus jurídico-político.

Ante ello, los sindicatos han dejado claro que tanto la patronal como los gobiernos de Nafarroa y de la CAV tienen una responsabilidad directa en la situación actual. No se puede mantener la neutralidad ante la pérdida generalizada de salarios ni mirar a un lado ante el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Han subrayado que adoptar medidas a favor de un salario mínimo digno es una cuestión de voluntad política.

A través de la huelga general del 17 de marzo, los sindicatos exigirán mejorar los salarios y un reparto más justo de la riqueza, denunciando que mientras en los últimos años se han incrementado los beneficios de las empresas y del capital, las y los trabajadores han perdido poder adquisitivo. La huelga pondrá también sobre la mesa la necesidad de que la capacidad de decisión en el ámbito de las relaciones laborales esté aquí. Esta huelga también apuesta por la participación democrática de la ciudadanía, para denunciar el autoritarismo de los partidos políticos que, en el plazo de unos pocos meses y junto con la iniciativa legislativa popular de las y los pensionistas, han rechazado la voluntad de casi 300.000 personas y se han negado a abrir el debate. 

La Huelga General es un instrumento colectivo y legítimo para interpelar a patronal e instituciones, y hacen un llamamiento a todas y todos los trabajadores a sumarse a la movilización. En las próximas semanas seguirán explicando y trabajando los motivos y objetivos de la huelga a través de iniciativas y asambleas que organizarán en los centros de trabajo y en barrios y pueblos. 

[OPINIÓN]: El dolor de una firma

Me llamo Laura Molina Azanza. Llevo 27 años trabajando en el transporte público, soy delegada sindical en LAB y miembro del Comité de Empresa. Escribo estas líneas desde la tristeza, desde la rabia contenida y desde un dolor que no se puede maquillar. Porque lo vivido entre febrero y diciembre de 2025 no ha sido solo un conflicto laboral: ha sido una herida profunda en lo colectivo y en lo humano.

La huelga hacia Moventis TCC nació fuerte, limpia, unánime. Toda la plantilla. Todos los sindicatos del Comité. Un grito común frente a un convenio obsoleto, injusto, incapaz de responder a nuestras necesidades reales. Teníamos claro que no luchábamos solo por salarios o jornadas, sino por dignidad, por condiciones de trabajo que no nos desgastaran la vida, por respeto.

El referéndum fue un acto de valentía colectiva. Nos reafirmó. Nos hizo sentir orgullosas y orgullosos de ser clase trabajadora organizada. A pesar del miedo, de la incertidumbre, dijimos sí a seguir. Sí a la lucha. Sí a la unidad.

Y entonces llegaron los meses largos. Reuniones interminables, asambleas intensas, ruedas de prensa, discusiones duras dentro del propio Comité. Momentos de choque, de ideologías enfrentadas, de tensiones reales. Pero siempre había algo que se imponía por encima de todo: la necesidad de ir juntas. Porque sabíamos que separadas no ganaríamos nada.

Muchas veces ese camino supuso tragarnos acuerdos que no nos representaban. Renunciar a posiciones propias. Asumir consensos incómodos. Pero lo hicimos porque creímos que el objetivo lo merecía. La plantilla lo merecía. Yo lo creí. Con todo.

Pregunté. Advertí. Temí que alguien rompiera la unidad y volviera a firmar por su cuenta, como había ocurrido hace un tiempo, dejando atrás al resto. La respuesta fue clara, firme: «eso no volvería a pasar». Y confié. Confié en la palabra dada. Confié en que esta vez decidiríamos todas y todos. Confié en el valor de lo colectivo.

Pero la unidad se rompió.

Y con ella se rompió algo dentro de mí. No es solo frustración sindical. Es dolor humano. Es la sensación de haber puesto el cuerpo, el tiempo, la energía y el corazón para acabar viendo cómo todo se desmorona en un instante. La confianza cuesta años construirla y segundos destruirla. Y cuando se rompe, deja una cicatriz que no se ve, pero pesa.

No duele solo el resultado. Duele la forma. Duele la traición a una lucha común. Duele sentir que todo el trabajo compartido, todas las horas, todas las discusiones superadas, no valieron nada. Y así me siento: rota, no por haber luchado, sino por haber creído.

Ahora toca asumir la derrota. La derrota de una lucha colectiva, más allá de las supuestas “mejoras” del pacto. Porque no hay convenio. Hay imposición. Hay segregación para quienes no aceptamos este modelo. Y hay humillación: la de tener que acatar un papel, una firma que deja claro que unos pocos deciden por todas y todos.

Las imposiciones nunca generan justicia. El consenso, aunque imperfecto, dignifica. Hace que el acierto o el error sea compartido. Sostiene la unidad. Y sin unidad no hay fuerza sindical real.

Y aun así, no renuncio a lo que soy ni a lo que creo. Pero no puedo callar ante lo ocurrido. Porque lo que más duele no es solo el resultado, sino la ruptura consciente del consenso colectivo. Duele que se haya decidido sin consultar a la plantilla, arrebatándole su voz después de meses de sacrificios, de huelga, de desgaste personal y familiar. Duele que quienes se llenaron la boca hablando de unidad hayan acabado actuando justo en sentido contrario.

Se nos dice que no se podía hacer nada más. Que era esto o nada. Que había que firmar. Que era un acto de responsabilidad. Y ese relato, además de falso, es profundamente ofensivo. Porque siempre se puede seguir luchando cuando realmente se cree en ello.

No existen salvadores de nada.

Existía una plantilla organizada que merecía decidir.

Y se nos arrebató esa posibilidad.

Se rompió una huelga que nació desde abajo. Se quebró un mandato claro. Se pisoteó el compromiso de que la última palabra sería de todas y todos. Y eso no es solo una decisión sindical: es una herida democrática. Es una traición al principio básico del sindicalismo combativo, ese que no sustituye a la gente, sino que camina con ella.

Porque cuando se firma sin consultar y en minoría, cuando se impone un acuerdo, cuando se nos dice que no había alternativa, lo que se está diciendo en realidad es que la plantilla estorba, que molesta cuando no valida decisiones ya tomadas. Y eso duele. Duele profundamente. Porque convierte meses de lucha en una sensación amarga de inutilidad.

La traición al consenso colectivo deja un vacío difícil de explicar. Deja rabia, frustración y una tristeza que no se cura con cifras ni con titulares. Porque el sindicalismo no es solo negociar condiciones: es cuidar la confianza, respetar la palabra dada, sostener la unidad incluso cuando el camino se vuelve incómodo.

Y sí, la ley permite estas firmas. Pero no todo lo legal es justo. Y cuando la legalidad se utiliza para romper lo colectivo, para dividir, para imponer, deja de ser una herramienta y se convierte en un arma contra la propia clase trabajadora.

Hoy el dolor es real. La sensación de derrota también. Pero no acepto que nos vendan esta firma como una victoria. No lo es. Es el fracaso de no haber sabido —o querido— mantener la unidad hasta el final. Es el fracaso de haber decidido por encima de la gente.

Aun así, no abandono la convicción de que juntas somos más fuertes. No renuncio a un sindicalismo que cree en la lucha, que no se rinde a la primera dificultad, que no necesita salvadores porque confía en su gente. Seguiré creyendo que lo justo no se firma a espaldas de la plantilla ni en minoría, que la dignidad no se impone y que la unidad no es un eslogan, sino una responsabilidad.

Y ahora me pregunto, nos pregunto:

¿Qué precio estamos dispuestas y dispuestos a pagar por romper la unidad?

¿De verdad vale todo cuando se pierde lo colectivo?

¿Quién repara la confianza cuando se quiebra?

¿Puede llamarse victoria a un acuerdo que nace de la imposición y no del consenso?

¿Aprenderemos, esta vez, que sin unidad no hay dignidad?

La Justicia paraliza la modificación sustancial impuesta a los amarradores del Puerto de Bilbao

Desde el sindicato LAB informamos de que el Juzgado ha estimado la solicitud de medidas cautelares presentada por la empresa Amarradores del Puerto de Bilbao frente a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que la empresa pretendía aplicar de manera unilateral.

La jueza no solo acepta las medidas cautelares solicitadas, sino que además deja claro en su resolución que no existen causas que justifiquen dicha modificación: «Las circunstancias alegadas por la empresa como justificativas de la modificación impugnada no obedecen a ninguna causa o circunstancia que incida en su competitividad, su productividad o su organización del trabajo, sino a una mera conveniencia empresarial».

En consecuencia, la modificación queda paralizada y no podrá aplicarse hasta la celebración del juicio, quedando sin efectos de manera inmediata y dando plenamente la razón a la parte trabajadora. Ante esta situación, desde LAB instamos a la empresa a que retire la modificación planteada.

Nuestra postura es clara: no vamos a aceptar ninguna imposición. La resolución es un paso más que respalda nuestra posición, y entendemos que existen fundamentos sólidos para que esta modificación sea retirada de forma definitiva.

La batalla no ha terminado, aunque esta resolución marca un punto de inflexión importante, ya que la estrategia de la empresa, basada en la mentira y la manipulación, ha utilizado de manera interesada el argumento del absentismo para justificar medidas injustas.

La sentencia es clara y rotunda: «no se ha probado adecuadamente que el sistema de organización del trabajo actual sea la causa de los índices de absentismo, que, si se han visto incrementados, será por otras razones distintas y no por un sistema de organización del trabajo que lleva veinte años vigente».

Los amarradores del Puerto de Bilbao continuaremos defendiendo nuestros derechos laborales. No consentiremos que se utilice la excusa del absentismo para condicionar el sistema de organización actual en beneficio propio.

La presión ejercida por la plantilla, unida al contenido inequívoco de la resolución judicial, condiciona de manera determinante cualquier proceso de negociación. No es posible negociar desde la amenaza ni desde la imposición, como bien hemos denunciado en las seis jornadas de huelga.

Nos reafirmamos en que la organización y la lucha son la única manera de no retroceder en nuestros derechos.

Borrokak merezi du! 

El personal de ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar ha conseguido la subrogación

El personal de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar será subrogado. Mediante el acuerdo de subrogación alcanzado se consigue mantener el empleo y garantizar los derechos laborales del personal. Esta victoria es fruto de la movilización, la convocatoria de huelga, la unidad y la firmeza de la lucha del colectivo contra la precariedad y por la publificación. 

Una vez más la lucha ha demostrado que la organización sindical es el instrumento más eficaz para defender nuestros derechos.

LAB siempre ha defendido que el servicio público que ofrecen las ambulancias requiere una gestión pública. Ha defendido y seguirá defendiendo que también las plantillas de las ambulancias son personal público.

LAB seguirá con atención a los próximos movimientos y organizando a las y los trabajadores a favor de unas condiciones laborales y un servicio digno, y la publificación del mismo. 

LAB aplaude la solicitud al Gobierno español de la transferencia de la Inspección Laboral y Seguridad Social y exige a Chivite que haga lo propio con el salario mínimo

El sindicato LAB celebra que al fin la Presidenta María Chivite haya procedido a solicitar al Gobierno español la transferencia de la competencia en materia de Inspección Laboral y de Seguridad Social. Una reivindicación sindical exigida por LAB al Gobierno de Navarra de manera persistente durante años. Así, LAB exige que el proceso de transferencia se realice con celeridad y sin obstáculos, ni políticos ni empresariales.

Como hizo público el sindicato LAB el pasado julio de 2025, un informe de investigación sobre salud laboral en el ámbito de Tafalla, realizado por el Gobierno de Navarra a petición de EH Bildu, constata lo que el sindicato LAB también lleva años denunciando de manera continuada: el 80% de las empresas navarras no cumplen con la ley de prevención, poniendo patas arriba el discurso de Gobierno y empresarios de la CEN.

La realidad, por tanto, es más grave de lo esperado y explica la evolución negativa de la siniestralidad que se sufre en Navarra. Durante los últimos años, cientos de trabajadores y trabajadoras han perdido sus vidas en el trabajo o han enfermado, como consecuencia de la dejadez de los empresarios y por falta de control por parte del Gobierno. La transferencia de la Inspección de Trabajo supondría disponer de más recursos para efectuar ese control, atendiendo la necesidad de disponer de recursos y herramientas propias para abordar y garantizar la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley de Prevención por parte de empresas y empresarios. Lo contrario, el renunciar a disponer de una Inspección de Trabajo propia, suponía no hacer nada, mirar para otro lado. Dicho de otra manera, asumir la muerte de decenas de trabajadores y trabajadoras cada año en Navarra como consecuencia del incumplimiento empresarial.

Esta solicitud, que LAB exige se realice desde el convencimiento, con celeridad y sin obstáculos ni políticos ni empresariales, va en consonancia con la voluntad de la sociedad navarra, mayoritariamente favorable a un modelo que asuma mayores competencias, un sentir que supera el modelo actual. Además, al sindicato LAB le resulta frustrante que a la Presidenta Chivite y su Gobierno les cueste años atender a las reivindicaciones sindicales apoyadas por la mayoría social y, sin embargo, se muestren muy prestos a atender todas y cada una de las exigencias de empresarios.

El próximo 17 de marzo de 2026 en Navarra (y en la Comunidad Autónoma Vasca), tendrá lugar una Huelga General convocada por el sindicato LAB, junto con otros sindicatos, para decidir aquí un salario propio (1.500 euros) que mejore los salarios en términos generales, para repartir de manera justa la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras, y garantizar así una vida digna en nuestro territorio. Convocatoria que nace de la negativa de la CEN, UGT y CCOO, con la protección del Gobierno de Navarra, a abordar dicha negociación: no quieren salarios dignos en Navarra.

En consecuencia, LAB exige a Chivite que, al igual que con la Inspección de Trabajo, haga lo propio con el salario mínimo navarro, solicitando una habilitación competencial a través del Parlamento de Navarra a las Cortes españolas.

Las trabajadoras de limpieza importan

Trabajadoras del sector de limpieza pertenecientes al sindicato LAB nos hemos movilizado ante la sede del CRL-LHK de Vitoria-Gasteiz, coincidiendo con la reunión de negociación del Convenio de limpieza de edificios y locales de Araba que se ha celebrado hoy 15 de enero, para reivindicar unas condiciones dignas para el sector.

La Mesa negociadora del Convenio Colectivo de Edificios y Locales de Araba lleva abierta desde el pasado mes de marzo. Sin embargo, tras más de 9 meses de negociaciones, la cosa no pinta bien para las trabajadoras del sector.

Las Patronales, ASPEL y APEL, están machaconamente tratando de centrar el debate en lo que llaman “absentismo”, y en ese sentido, bajo ese falso argumento, están planteando recortes en cuestiones que ya estaban consolidadas en el Convenio, como los complementos de IT. 

Por otra parte, respecto a los salarios, proponen unas subidas muy tibias a unos salarios ya de por sí muy bajos, sin referencia alguna al IPC. Tenemos que recordar que en el anterior Convenio (2020-2024) se firmaron unas escasas subidas porcentuales sin vinculación al IPC, lo que nos ha hecho perder en cuestión de 5 años un 15% de poder adquisitivo. Este porcentaje se traduce en cobrar 150 € brutos menos al mes. Aceptar el planteamiento de las patronales, aparte de suponer vernos penalizadas por caer enfermas, supondría condenarnos a la miseria otros 5 años por lo menos.

Desde el sindicato LAB no estamos dispuestas a ver como se eterniza la negociación, ni a ceder ante las pretensiones de las patronales. Ya en el mes de septiembre la representación de LAB, emplazó al resto de sindicatos presentes en la mesa negociadora a acordar unos mínimos y un calendario de movilizaciones conjunto, sin embargo UGT, ELA y CCOO declinaron la invitación.

LAB no va a esperar a nadie. Desde diciembre estamos llevando a cabo una campaña de socialización de la precaria situación del sector, bajo el lema “las trabajadoras de limpieza importan”. Hoy nos estamos movilizando para reivindicar unas condiciones dignas, y para denunciar a los principales responsables de nuestra situación. Empresas como EULEN, CLECE, ISS FACILITY, SERVEO, SAMSIC, NORTE BRILLANTE,…

Las trabajadoras de limpieza de Araba necesitamos unos salarios dignos ya, en concreto un salario de 1500 € en consonancia con lo establecido en la Carta Social Europea. Necesitamos también poner límites a la alta parcialidad, que las empresas cubran al 100% cualquier ausencia, y posibilitar el acceso al contrato de relevo para rejuvenecer a unas plantillas expuestas entre otros factores de riesgo a posturas forzadas y movimientos repetitivos. 

Igor Arroyo: «Nos han dado una doble negativa; hablan de un alto coste, pero los argumentos esgrimidos son tramposos»

Igor Arroyo ha sido entrevistado esta mañana en el programa Egun on de ETB. Se ha referido al salario mínimo propio y a la huelga general convocada por la mayoría sindical con esta reivindicación para el 17 de marzo, entre otras cuestiones.

Sobre la reivindicación del salario mínimo propio, ha señalado que la actitud de la patronal ha sido «dura» y «de absoluto desprecio» hacia las reivindicaciones de las y los trabajadores. «Hemos visto cómo tras la pandemia la vida se ha encarecido por mucho, cómo ha aumentado el precio de la vivienda y de los alimentos y la patronal nos ha planteado que no estaba dispuesta a subir los salarios en función del IPC en los convenios, y menos para otro tipo de mejoras. Cuando hemos planteado las luchas en sectores y empresas, hemos tenido que hacer numerosas huelgas y movilizaciones para recuperar y renovar los convenios y hemos conseguido, afortunadamente, ampliar la cobertura de los convenios «, ha destacado. Pero añade que con esto «no es suficiente porque quedan muchas y muchos trabajadores fuera de los convenios. Son necesarias medidas generales, es decir, se necesita fijar un suelo mínimo para todos las y los trabajadores. Ahí hemos situado la propuesta de establecer un salario mínimo propio «.

Ha recordado que hay 160.000 trabajadores y trabajadoras con un salario bruto inferior a 1.500 euros y ha subrayado que «garantizar a estas y estos trabajadores un salario de esa cuantía es viable, tanto a través de la negociación colectiva, para lo que hemos pedido que se cree una mesa de negociación, como a través de una modificación legal, para que los Gobiernos de la CAV y Nafarroa puedan establecer un salario mínimo propio por encima de lo establecido a nivel estatal». En cuanto a la respuesta, ha señalado que han recibido una «doble negativa» tanto por parte de la patronal como de los gobiernos de la CAV y Nafarroa. Ha calificado de «insultante» la respuesta porque «se nos ha planteado que tiene un coste importante por parte de la patronal». Citando los cálculos del sindicato, ha situado en 500 millones de euros el coste de subir el salario mínimo hasta los 1.500 euros, pero denuncia que el peso de los salarios ha disminuido en 1.500 millones respecto al PIB desde 2008. «Sólo sería necesario un tercio de esa cantidad para garantizar esta medida», ha concluido.

Asimismo, ha denunciado que existe intención de «reducir el ámbito de influencia del sindicalismo». «Ellos quieren un sindicalismo integrado, que se limite a hacer un trabajo de asesoría laboral y no plantee medidas y propuestas en beneficio de las y los trabajadores», ha señalado. “Para nosotros y nosotras también está en cuestión el papel que va a jugar el sindicalismo en Euskal Herria. Por eso nos ha parecido imprescindible convocar una huelga general y además, creemos que hay condiciones para que sea exitosa «, ha añadido.

También ha destacado que la mayoría de las trabajadoras que cobran un sueldo inferior a 1.500 euros son mujeres*. «Nos llama la atención que cuando se hace propaganda por parte de las instituciones contra la brecha salarial y luego, cuando planteamos esta medida que sería clave para reducir la brecha salarial que sufren las mujeres*, la patronal y las instituciones la desprecien», ha subrayado.

Ha añadido que desde 2008 satisfacer las necesidades básicas es cada vez más caro y que los salarios no están subiendo en la misma medida. «Los beneficios empresariales son enormes y aquí la riqueza no se reparte correctamente. La subida del salario mínimo es una medida imprescindible para combatir la devaluación salarial», ha añadido.

Una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo del sector de intervención social de Álava

El pasado 8 de enero tuvo lugar una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo del sector de intervención social de Álava. Esta reunión se celebraba tras más de un año de bloqueo y después de que los sindicatos con representación en el sector —ELA, LAB, CCOO y ESK— trasladáramos en diciembre una propuesta conjunta a la patronal AISA, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para los años 2025-2026.

Esa propuesta sindical plantea avanzar de forma realista pero decidida hacia la equiparación con el sector público, sin renunciar a mejoras concretas en el corto plazo. Aunque valoramos que la negociación continúe, la distancia entre ambas partes se debe principalmente a que la patronal mantiene una postura alejada respecto al proceso de equiparación de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de intervención social de Álava con las condiciones del empleo público.

Durante semanas no obtuvimos respuesta a dicha propuesta y fue en la mesa del 8 de enero cuando AISA comunicó que “el marco de negociación ha cambiado” y que ya no valoran la propuesta en los mismos términos. No han trasladado, hasta el momento, ninguna contrapropuesta concreta, lo que consideramos preocupante tras el esfuerzo sindical por desbloquear la negociación.

El sector de intervención social emplea a más de 1.000 personas en Álava en diferentes contratas de la administración pública, que ha decidido subcontratar estos servicios con diferentes empresas. Esta política de externalización ha provocado una situación laboral profundamente injusta: una inaceptable brecha salarial con respecto a las compañeras que realizan el mismo trabajo directamente para el sector público. Cada vez más, la subcontratación se emplea para precarizar las condiciones laborales y pagar peores salarios a quienes sostienen los servicios públicos.

Por eso, desde la intersindical hemos apostado por una estrategia que permita avanzar con paso firme hacia el objetivo de la equiparación, sin renunciar mientras tanto a subidas salariales dignas y a mejoras estructurales que dignifiquen nuestras condiciones laborales.

En este contexto, los sindicatos hemos acordado un calendario de movilizaciones para responder a la situación:

  • Miércoles 21 de enero: paros de tres horas por turno, de 10:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:00h.
  • Miércoles 4 y jueves 5 de febrero: huelga de jornada completa.

El 29 de enero se celebrará una nueva reunión de la mesa negociadora. Hasta entonces, el sector de intervención social continuará organizándose y movilizándose con firmeza para lograr un convenio que reconozca el valor de su trabajo y ponga fin a años de desigualdad laboral.

ELA, LAB, STEILAS, HIRU y ETXALDE denuncian que la subida del SMI propuesta por el Gobierno español no responde a las necesidades de la clase trabajadora de Hego Euskal Herria

Llaman a la huelga el próximo 17 de marzo y exigen que el SMI quede bajo la competencia de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea y se sitúe en los 1.500 euros.

El Gobierno español ha propuesto una subida del salario mínimo interprofesional para 2026 del 3,1%, lo que lo situaría en los 1.221 euros mensuales. Con esta cantidad no es posible vivir dignamente en Hego Euskal Herria, más si cabe cuando los precios de la vivienda o los alimentos no han dejado de subir durante los últimos años.

ELA, LAB,STEILAS, HIRU y ETXALDE, han trabajado durante los últimos meses en dos vías para que el SMI se decida en Hego Euskal Herria: por un lado, una Iniciativa Legislativa Popular en ambos Parlamentos y, por otro, un Acuerdo Interprofesional con Confebask en la CAPV y la CEN en Nafarroa. En el caso de la ILP, se recogieron cerca de 140.000 firmas, pero los Parlamentos rechazaron incluso debatir la propuesta. En cuanto a las patronales, se han negado a sentarse a negociar.

El salario mínimo es una herramienta clave para la cohesión social y puede sacar de la pobreza a miles de trabajadores y trabajadoras con condiciones laborales precarias. Se calcula que hay más de 300.000 personas en Hego Euskal Herria que cobran por debajo de 1.500 euros. Además, una subida del SMI produciría un incremento general de los salarios, lo cual beneficiaría a muchísimas más personas trabajadoras.

Una vez más, el salario mínimo vendrá impuesto por Madrid con la complicidad del Gobierno Vasco y del Gobierno de Nafarroa. Ante esta situación, ELA, LAB, STEILAS, HIRU Y ETXALDE respaldan firmemente los motivos de la huelga general del 17 de marzo, defendiendo la necesidad de un aumento general de los salarios, y exige a los partidos vascos que trabajen para que el salario mínimo se decida aquí. En este sentido, ante la insuficiencia del SMI propuesto por el Gobierno español, un SMI propio de 1.500 euros para 2026 es una herramienta clave, por lo que la implicación de toda la clase trabajadora resulta fundamental.