Exigimos al Gobierno Vasco que acabe con la subcontratación en este sector haciendo público el servicio de ambulancias y que ni un sólo euro de nuestros impuestos vaya a empresas privadas, por dar un servicio que como se ha demostrado en esta ultima crisis sanitaria ha de darse desde lo público.
La pandemia del covid-19 ha puesto en evidencia la importancia de los servicios sanitarios esenciales, como médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, personal de limpieza, ambulancias, trabajadoras de residencias, etc., siendo la primera línea de defensa de la salud de la ciudadanía.
El esfuerzo incansable y la dedicación de estas profesionales, muchas veces sin medios como se ha denunciado reiteradamente, se ganaron el reconocimiento diario desde los balcones.
Pero esta situación también ha puesto de manifiesto la precarización generalizada y la destrucción sistemática del sector público a favor del negocio privado y la explotación laboral.
En esta nueva fase de normalidad anormal, en el servicio de ambulancias tanto emergencias como concertadas, nos volvemos a encontrar con los problemas de siempre. Quienes hemos sido estas semanas atrás trabajadores y trabajadoras esenciales, nos volvemos a ver arrinconados y arrinconadas en empresas privadas al albur de decisiones empresariales.
Una vez más, la salud de la ciudadanía de la CAV queda en manos de intereses privados cuya prioridad no es otra que la rentabilidad económica de este servicio, con el beneplácito de la Consejería de Sanidad. Han venido a sacarle al erario público el mayor dinero posible por este servicio, sin importarles que dicho enriquecimiento se haga en detrimento de la calidad asistencial y de las condiciones laborales de la plantilla.
Quienes trabajamos en este sector dimos un paso muy importante con la firma de un convenio autonómico que mejoró e igualó las condiciones laborales de toda la plantilla de ambulancias de la CAV, pero entendemos que ha llegado el momento de dar un paso más y reivindicar que este servicio, tan esencial, debe ser totalmente público.
La externalización del servicio supone una dejación de responsabilidad por parte del departamento de sanidad del Gobierno Vasco, y más concretamente de emergencias Osakidetza, que justificándose en que la responsabilidad del servicio recae en las empresas, se evaden de ésta en lo referente a procedimientos operativos, condiciones laborales de las plantillas de ambulancias y de las constantes agresiones físicas que sufrimos diariamente durante el servicio.
La publificación del servicio de ambulancias supondría una garantía de mejora en el servicio asistencial a la ciudadanía vasca y garantizaría a futuro la calidad profesional de este servicio tan esencial.