El 17 de febrero es el Día Contra La Pobreza Energética. Pues bien, según la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales publicado por el Gobierno Vasco, más de 200.000 personas de la CAV no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares en los meses de invierno. Esta cifra se ha duplicado desde 2008 y está aumentando significativamente como consecuencia de la crisis económica derivada del COVID19. La pobreza energética es una cara más de las situaciones de precariedad y pobreza que sufre la clase trabajadora en estos momentos.

Las medidas adoptadas por el gobierno del estado en el último decreto aprobado a finales del año pasado (el cual deja fuera de la cobertura a numerosas personas), así como la inacción del Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra, no garantizan el derecho a la energía. El actual sistema de protección social es claramente insuficiente a la hora de garantizar una vida digna al conjunto de la clase trabajadora, también en materia energética. Más allá de este hecho, hay que atajar el problema estructural del sector; la privatización del sector energético, así como la tendencia hacia el oligopolio del mismo ha estado y está al servicio de las grandes transnacionales. Los beneficios de unos pocos se han situado por encima del derecho a la energía del conjunto de la población. El aumento del precio de la luz en un 27% de hace unas semanas es claro ejemplo de ello.

Es necesario un cambio de rumbo. El refuerzo del sistema protección social y la prohibición real de los cortes de suministros tienen que ir de la mano de la publificación del sector energético, el control de precios y la creación de instrumentos para la soberanía energética. Tenemos que construir un modelo energético basado en lógicas renovables, públicas, descentralizadas y que garanticen una calidad de vida digna al conjunto de la población.