Si ya existían indicios sobrados que demostraban que las escuelas infantiles de Pamplona se habían convertido en uno de los objetivos del Ayuntamiento dentro de su estrategia reaccionaria, el anuncio de que en los centros Donibane y Printzearen Harresi no podrán prestar sus servicios en euskara nos confirma que nos encontramos ante un ataque de consecuencias graves e impredecibles. Como punto de partida, no es cierto que se trate de una reversión de las medidas del anterior gobierno municipal, ya que durante la alcaldía de Joseba Asiron se pasó de la presencia de la línea en euskara en dos centros, a cuatro en el total de la legislatura, mientras que con el actual anuncio en la práctica se restringe la oferta en euskara de cuatro centros a uno y medio (el centro Goizeder deberá compartir su línea en euskara con la de castellano e inglés). Además, las nuevas medidas adoptadas por el equipo de Maya afectarán de lleno a la línea pedagógica de los citados centros, con lo que se puede ver comprometida su apuesta por la calidad educativa. Desde un punto de vista de derechos laborales, el gobierno municipal no ha aclarado aún cómo van a afectar sus nuevas medidas a las condiciones del conjunto de la plantilla.
Esta nueva vuelta de tuerca protagonizada por Maya es una evidencia más de su odio visceral a una lengua que, por haber sido minorizada, debería contar con una protección especial, pero, por desgracia, sus fobias no se limitan al euskara.
Cabe recordar que, nada más llegar a la alcaldía, anuló la Oferta Pública de Empleo de 91 plazas convocada por el anterior equipo de gobierno. Esta OPE era de gran importancia porque venía a aportar estabilidad a unas plantillas que sufren de una gran falta de estabilidad laboral, ya que la última convocatoria data de 2005.
Además se recupera la elección por libre designación de la gerencia y la dirección técnica de las escuelas infantiles, cuando durante la pasada legislatura se implantó el sistema de méritos dentro del personal que trabaja en este ámbito dentro de la Administración. Si todo esto fuera poco, Maya ha abierto la puerta a la privatización de servicios públicos, en apartados tan estratégicos como los comedores, los servicios de limpieza, los y las trabajadoras que no se dedican a la formación, etc.
El argumento esgrimido por Maya para volver a la “normalidad” -curiosa forma de definir este cúmulo de despropósitos- es su pretensión de ajustar la oferta lingüística de los centros a la demanda que se deriva de los periodos de matriculación. Nos parece un argumento inaceptable porque, por un lado, nos referimos a un idioma minorizado que sufre una situación de diglosia cuyos efectos hay que tratar de amortiguar y, por otro, porque políticas de este tipo no hacen más que enfrentar a las lenguas, lo que significa una irresponsabilidad para un cargo político de estas características. Pero es que, además, el señor Maya no cumple ni con sus propia lógica ya que, año tras año, se comprueba que la demanda de servicios en euskara no se cubre en absoluto. Cada curso se registran casos de niños y niñas que se tienen que desplazar a centros que no se encuentran en su barrio o que directamente tienen que renunciar a recibir servicios en euskara e integrarse en líneas en castellano.
Para terminar, queremos dejar claro que la responsabilidad exclusiva de esta situación no es solo de Navarra Suma: sus devaneos euskarafobos y antisociales cuentan con el apoyo del PSN, que al mismo tiempo que pregona que son nuevos tiempos para hacer política en Navarra, reproduce los viejos modelos excluyentes. Ambas formaciones defienden que no hacen más que respetar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra pero ocultan que sus dictámenes destacan que el Ayuntamiento no puede definir el modelo lingüístico de los centros. En este caso, no solo los han definido, incidiendo de esa manera en lo mismo que criticaban al anterior equipo de gobierno, sino que han reducido la oferta de servicios en euskara al mínimo, que incluso empeora la existente durante el anterior periodo de alcaldía de Maya.