La medida tomada el 30 de octubre publicada en el BOE para posibilitar el despido de trabajadores y trabajadoras del sector público mediante Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), es continuación de las medidas tomadas por el gobierno del PP para desmantelar el sector público.

Este reglamento tiene la base en la reforma laboral que se publicó en febrero y se modificó en julio, y lo que viene ahora es a concretar lo que supone la “insuficiencia presupuestaria” que posibilita los EREs en el sector público. Así se podrán aplicar en ayuntamientos, comunidades autónomas o entes públicos que hayan terminado el año con déficit y sus presupuestos recojan una disminución del 5% (o 7% en los dos últimos años). Para contabilizar este recorte se podrá añadir cualquier otro recorte decretado durante el ejercicio presupuestario.

Debemos recordar que son muchas las administraciones que se encuentran en esa situación, precisamente administraciones que son las que deben ofrecer servicios públicos que garanticen los derechos básicos que nos corresponde a la ciudadanía. Mediante esta medida, además de poner en riesgo de despido a miles de trabajadores y trabajadoras públicas, dejarán de dar estos servicios o también dejarlos en manos privadas.

Como ya hemos dicho, esta última medida es continuación de las tomadas los últimos meses y años para desmantelar el sector público. Estas decisiones tomadas en tal sentido, además de empeorar las condiciones laborales del personal del sector público, han traído la destrucción de miles de puestos de trabajo públicos (limitaciones en las sustituciones, imposibilidad de ofertas públicas de empleo, alargamiento de jornada…), y se ha limitado sensiblemente la oferta de estos servicios públicos empeorando también su calidad. Y por desgracia, de momento podemos prever que esta larga cola no tiene fin.

Así pues, desde LAB hacemos un llamamiento a las y los diferentes responsables políticos de las instituciones de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa para que no tomen esta medida ni ninguna otra que se haya impuesto. Porque así lo exige la mayoría de las y los trabajadores y de la ciudadanía. Lo que necesitamos los agentes sindicales, sociales pero también políticos es optar por el desarrollo de los servicios públicos y creación de empleo público. Continuaremos movilizándonos contra las posturas de las instituciones que actúen contra el sector y los derechos de las y los trabajadores públicos y a favor de los recortes.