El capital manda. Y es por ello, que las políticas que se hacen responden a sus intereses. Y en base a esos intereses financieros y económicos, se adoptan medidas restrictivas, encaminadas a recortar derechos laborales y sociales.
Lo mismo ocurre con las políticas relativas a las personas migrantes. Se adoptan con un único objetivo: restricción de derechos para impedir su entrada, y vulneración de los derechos sociales más elementales.
Ahora le toca el turno a la sanidad. Desde Osakidetza y, mediante una circular interna, se ordena a los profesionales de los Centros de Salud, que no tramiten ninguna tarjeta sanitaria a las personas extranjeras en situación de estancia ( esto es con visado de permanencia en territorio español inferior a 90 dias ) aunque estén empadronados ya que no tienen derecho a la asistencia sanitaria.
Las excepciones se reducen a los y las extranjeras que pertenecen a la UE y por lo tanto cuentan con tarjeta sanitaria europea o aquellos con visado obligatorio de permanencia superiores a tres meses. Si no posees nada de esto, automáticamente se niega el derecho a asistencia sanitaria.
Con esta imposición se elimina la universalidad de la asistencia sanitaria publica, uno de los valores fundamentales del sistema de salud y ademas se deja en manos de la voluntad de los profesionales de la medicina el que decidan si una persona tiene derecho o no a algo tan básico y necesario como es el derecho a la salud. ¿Qué se supone que tenemos que hacer, dejar enfermar o morir a la gente por cuestiones burocráticas y prioridades mercantilistas y recortes de gasto , que nada tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión?
La salud es un derecho fundamental que no debe, ni tiene que ser negado a nadie. LAB se opone a tratar la salud como un negocio y a las personas como meras mercancías. Basta ya de tanta vulneración, restricción y control para este colectivo.
LAB rechaza este tipo de políticas, que no hacen sino criminalizar los flujos migratorios y vulnerar derechos. Además, apostamos y reivindicamos por un sistema de salud publico vasco donde los derechos de ciudadanía, residencia y nacionalidad, sean garantizados sin restricciones.