LAB ha creado una nueva guía para la acción sindical, con el objetivo de garantizar que las máquinas cumplan las garantías de seguridad. El sindicato ha recordado que, detrás de los riesgos laborales, está el incumplimiento de la ley de prevención, y ha denunciado que en ello van de la mano la patronal y las instituciones.
En su esfuerzo constante por garantizar la vida y la salud de las personas trabajadoras, LAB ha elaborado un nuevo protocolo, destinado a asegurar que las máquinas de las empresas ofrezcan garantías de seguridad, y pensado para que las y los trabajadores puedan hacerlo valer mediante la acción sindical. Entre los numerosos accidentes laborales derivados del incumplimiento de la ley de prevención, los atrapamientos son los más habituales, y la guía tiene como fin evitar este tipo de accidentes, según ha explicado Inko Iriarte, responsable de Salud Laboral de LAB.
“No pretende ser un informe técnico, aunque tiene una base técnica sólida; no pretende ser un informe jurídico, aunque también ofrece garantías jurídicas. Este protocolo es una guía para garantizar los derechos de salud laboral mediante la acción sindical”, ha explicado Iriarte.
La guía Está dirigida a las y los delegados de prevención, y propone de forma muy sencilla una serie de pasos con un objetivo: que la empresa adapte la máquina para que ofrezca garantías de seguridad, cumpliendo los plazos establecidos por la normativa.
Para ello, la guía se basa en el Real Decreto 1215/1997 que incluye tanto máquinas antiguas como nuevas, y establece cuáles son las garantías mínimas de seguridad. Además, LAB ha propuesto una acción sindical similar a la ITV (Inspección Técnica de Vehículos): Si no cumplen los apartados relacionados con la seguridad, las y los trabajadores irán tomando medidas, y, si existen existieran faltas graves, detendrán las máquinas de manera unilateral.
Estos serán los pasos:
- El o la delegada realizará una lista de control de la máquina y, según los riesgos, presentará los documentos a la empresa.
- Se solicitará formalmente a la empresa que en un plazo de 15 días facilite la documentación y los manuales de la máquina.
- Si la lista de control revela algún riesgo, las y los trabajadores registrarán la comunicación de riesgos, otorgando un plazo de 15 días para subsanarlos. Si transcurrido ese plazo la empresa no ha adecuado la máquina, se presentará una denuncia en la Inspección de Trabajo.
- Si la gravedad del riesgo es mayor, o si se agotan los plazos anteriores, se pedirá a la Inspección de Trabajo que aplique el artículo 44 de la ley, y así se llevará a cabo la paralización urgente de la máquina.
- En los casos más graves, de riesgo inminente y grave, el comité de empresa o la representación sindical aplicará el procedimiento del artículo 21, paralizará la máquina y la dejará fuera de servicio.
Los pasos serán progresivos y documentados ante la Inspección de Trabajo para demostrar que las y los trabajadores han cumplido todas las garantías de seguridad. El procedimiento está contrastado con la propia inspección.
En la base, la falta de prevención
Ainhize Muniozguren, responsable de la Secretaría Jurídica, ha subrayado que la salud laboral es “una cuestión de primera línea”. “Cada día las y los trabajadores enferman en el trabajo, pero a casi nadie se le reconoce que ese origen sea laboral. Cada día se producen decenas de accidentes laborales y, desgraciadamente, muchos tienen consecuencias graves: lesiones muy graves o incluso la muerte. Entre ellos destacan las caídas y los atrapamientos, sobre todo en la construcción; los datos de los últimos años así lo muestran”, ha señalado.
Estos accidentes se producen, principalmente, porque no se cumple la ley de prevención, ha recordado Muniozguren: “No solo los sindicatos hemos señalado el problema de la falta de prevención. El informe realizado a petición del Gobierno de Navarra indica claramente que el 80% de las empresas no cumple la ley de prevención”.
A partir de ahí, Muniozguren ha explicado por qué no se cumple la ley de prevención. Por un lado, ha denunciado que la patronal no asume sus responsabilidades y que su objetivo es “aumentar los beneficios a costa de la salud de los trabajadores”. Por otro lado, ha lamentado que las instituciones no hagan lo suficiente para que se cumplan las medidas de prevención. “Eso ha quedado claro en las medidas adoptadas para aumentar las competencias de las mutuas: el Gobierno español ya ha aprobado dejar en manos de las mutuas el control y la atención de las contingencias comunes, y el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra están logrando acuerdos para desarrollar esa ley. Con ello se ha dado un paso más para dejar la salud laboral de las y los trabajadores en manos privadas, priorizando los beneficios económicos por encima de los criterios de salud”, ha explicado.
También ha recordado que la función de la Inspección de Trabajo es otro aspecto a tener en cuenta: “Es necesario aumentar el número de inspectores y hacer el trabajo más eficaz, pero se necesitan decisiones políticas valientes; sin embargo, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no quieren enfrentarse a la patronal. Como consecuencia, patronal e instituciones vuelven a avanzar de la mano”.
En definitiva, los ataques en torno al absentismo y el aumento de competencias de las mutuas tienen, según Muniozguren, un objetivo claro: “Que las y los trabajadores vayan a trabajar incluso estando enfermos o indispuestos”.