El sindicato LAB quiere denunciar la persecución policial sufrida por seis miembros de su dirección cuando iban de camino a la sede de Altsasu con motivo de una reunión habitual de trabajo. A finales de la pasada semana, la Guardia Civil les paró en un control y retuvo a alguno de ellos durante casi una hora.
En ese lapso de tiempo, los agentes examinaron documentación de las y los miembros de la dirección de LAB. A esto se le llama espionaje contra el independentismo. No hay argumento que justifique que la Guardia Civil lo hiciese en términos de seguridad. Lo hizo desde un punto de vista de espionaje y persecución personal, tal y como quedó corroborado con la actitud intimidatoria con la que actuaron.
En vista del tiempo que pasaron retenidos en el control y el clima de excepcionalidad creado, el objetivo no fue otro que obstaculizar la labor política y sindical de las y los militantes de LAB, mediante persecución política y personal. En este sentido, lo más grave ocurrió cuando una persona en concreto, torturada en su día a manos de la Guardia Civil, recibió la mofa de los agentes. Continúan tratando el tema de la tortura con total crueldad e impunidad, lejos del reconocimiento, el respeto y la reparación de las víctimas de la tortura.
Todo esto ocurrió en Altsasu. Esto tampoco es casualidad. El pueblo de Altsasu viene sufriendo y denunciando la persecución policial que padecen sus vecinas y vecinos, circunstancia que tiene influencia directa en la vida cotidiana y en el proceso de normalización democrática. Las fuerzas armadas españolas tienen a Altsasu en situación de excepción. Las consecuencias son conocidas. No queremos perder la oportunidad de mostrar nuevamente nuestra solidaridad con el pueblo de Altsasu y de exigir la inmediata puesta en libertad de los jóvenes encarcelados: ¡Libertad para ellos y libertad para Altsasu de toda ocupación policial!
La persecución policial y las continuas amenazas continúan, síntoma inequívoco de la negación que sufre este pueblo para alcanzar la normalización política y democrática. Se deben dar pasos para la desmilitarización si se quiere resolver el conflicto. Los estados tienen la responsabilidad de desactivar la ocupación militar y la amenaza armada que planea sobre las decisiones democráticas que se puedan tomar en Euskal Herria.
El desarme de los estados es necesario y la sociedad y las instituciones vascas han de verificar ese proceso. Siendo esto así, hacemos un llamamiento al Gobierno de Nafarroa y al Gobierno Vasco para que den pasos en esa dirección y para que hagan todo lo que esté en sus manos para que sea posible. Tienen mucho que decir a la hora de garantizar los derechos civiles y democráticos de las y los ciudadanos y en aras de favorecer la normalización política.