La decisión tomada por la jueza encargada del caso viene a confirmar el buen trabajo realizado durante todos estos meses por el sindicato, y a legitimar nuestro papel como defensa de los derechos e intereses tanto de las personas participantes en la OPE como, en general, de todo la sociedad vasca.
En este sentido, esto es un nuevo paso en este largo camino que estamos recorriendo desde que hace aproximadamente un año hacíamos público nuestro primer informe estadístico sobre los alarmantes resultados en los exámenes de ciertas especialidades médicas. Desde ese primer momento, LAB ha sido motor en la investigación realizada y ha colaborado estrechamente con la fiscalía en la aportación de datos, pruebas e informaciones sobre lo ocurrido.
En esta nueva fase del proceso, LAB va a seguir trabajando con el mismo esfuerzo y con la misma seriedad empleada hasta ahora. En nuestro papel de acusación popular vamos a luchar porque se esclarezca todo lo sucedido, para que se depuren responsabilidades y para que sean respetados los derechos de las personas participantes en la OPE, y por ende, de toda la sociedad vasca. Nuestro objetivo es acabar de una vez por todas con un sistema corrupto y mafioso que viola los principios de igualdad en el acceso a la administración pública.
No vale de nada proponer un nuevo modelo de OPE si no se acaba con la impunidad. No vale de nada la renovación de cargos si no hay un compromiso de Osakidetza para castigar firmemente estas prácticas. Osakidetza debe asumir de una vez su responsabilidad en todo esto.
Euskal Herria no es un paraíso sin corrupción. Lo ocurrido en Osakidetza es uno de tantos ejemplos. Por esa razón, este juicio tiene que marcar un punto de inflexión y dejar claro a la sociedad vasca que hacer trampa con derechos tan importantes no sale gratis.