Algunas de las empresas de estos sectores ya han retirado los ERTEs, tal y como hemos solicitado a través de los Comités de Empresa, pero varias de ellas, haciendo caso omiso a nuestra solicitud, han decidido continuar con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.
No es de extrañar, ya que en repetidas ocasiones hemos solicitado a Gobierno de Navarra que diera una instrucción clara al respecto y rechazara todos los ERTEs de las empresas contratadas por la Administración, pero no ha hecho caso a nuestra solicitud, incluso ha aprobado en primera instancia algunos de estos ERTEs, dejando a cada empresa actuar en base a criterios propios.
El Decreto Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, establece la suspensión automática del contrato y el derecho a la indemnización en su caso, por lo que dicha empresa no puede solicitar un expediente de regulación temporal de empleo ya que su contrato está suspendido y los gastos salariales serán abonados en concepto de indemnización.
El Gobierno de Navarra debe responsabilizarse de esta situación, ya que lo que está provocando su poca claridad al respecto es que las empresas estén eligiendo qué hacer, siendo que algunas estén enviando a todas las trabajadoras al ERTE. Estos sectores se caracterizan por su precariedad: trabajos con jornadas parciales muy pequeñas y la mayoría de las plantillas son mujeres.
En estos casos debiera ser donde el Gobierno protegiera la situación de estas plantillas, no debería permitir que estos ERTEs fueran tramitados y debería asumir los salarios y cotizaciones de todas estas trabajadoras. Está en su mano no permitir que trabajadoras con salarios de 300 ó 400 € mensuales vayan al desempleo a cobrar el 70%.
Por todo ello el sindicato LAB ha tomado la decisión de recurrir los ERTE de las empresas contratadas por la Administración. Contratos bastante precarios tienen como para que también tengan que pagar esta situación.