LAB ha comparecido hoy en Bilbo para presentar su propuesta de reforma para Lanbide, recogida en el documento “Por una reforma real de Lanbidepara conformar un sistema público de empleo integral de calidad”. En este documento, además de la valoración de la propuesta para Lanbide realizada por el gobierno, se recoge el modelo que propugna LAB. En la comparecencia de hoy, han intervenido Bea Martxueta, secretaria de Acción Social y Eider Casanova, adjunta del secretario de la Federación de Servicios Públicos.

La reforma debiera de contar con la negociación y consenso de los agentes sociales, y por lo tanto, huir de planteamientos superficiales (como es la intención actual del gobierno de la CAV), para evitar que tras una reforma en esos términos, todo siga igual.

La reforma de Lanbide no puede hacer abstracción de la situación en la que han dejado el empleo las reformas laborales aplicadas en los últimos años.

Hemos apuntado los problemas estructurales y de funcionamiento que impiden que Lanbide sea el necesario referente servicio publico eficaz para el empleo. 

Tras esta diagnóstico, será necesario también fijar los objetivos a los que debe de responder la reforma, que para el sindicato LAB, pasa no sólo por solucionar un funcionamiento deficiente, sino por poner las bases que hagan de LANBIDE un Servicio Público de Empleo Integral.

Lanbide presenta los siguientes déficit:

Con carácter estructural

• Falta de capacidad competencial para definir una política de empleo integral, donde se incorporen tanto las políticas activas como las pasivas y la decisión sobre el modelo de formación para el empleo (como referencia el modelo Hobetuz).
• Falta de una política real de empleo negociada con la representación sindical.
• Falta de una evaluación y prospección de las medias que integran las políticas activas de empleo.
• Euskara: derecho no garantizado a las personas usuarias.

Respecto del modelo de Servicio público de Empleo (Lanbide) como instrumento de implementación y gestión de la política de empleo

• Falta de una dotación suficiente de recursos humanos y económicos y escasa funcionalidad de las herramientas informáticas.
• Privatización de los servicios, bajo el enunciado de “colaboración público-privado”.
• Gestión inadecuada de la RGI, y de las labores de orientación al empleo
• Bajos porcentajes de intermediación en el empleo.
• Modelo de participación sindical formalista.

La reforma debe dar respuesta a los problemas señalados y apostar por un Servicio Público de Empleo Integral de calidad, y por lo tanto, con capacidad para incidir en la creación y gestión de un empleo de calidad.

Esta reforma que además, como se ha dicho, deriva de un mandato del parlamento, deberá ser negociada con los sindicatos.