Tras ser denunciada en agosto en el Departamento de Trabajo, cuando un rider reclamaba ser reconocido como trabajador por cuenta ajena, Glovo no se presentó en el acto de conciliación. Por ello, el viernes pasado, la demanda fue interpuesta en el juzgado y paralelamente registramos la denuncia en Inspección de Trabajo.
Pretendemos que este no sea un caso exclusivamente individual, y por eso interpelamos a Inspección de Trabajo. Hasta hoy en diferentes comunidades, la Inspección de Trabajo ha determinando que los trabajadores de estas empresas son contratados por cuenta ajena, debiendo estar contratados como asalariados y cotizando en el Régimen General de la Segurida Social. El último posicionamiento ha sido en Granada de la mano del SAT y afectaba a un colectivo de 180 riders.
Con estas resoluciones, así como las sentencias de diversos juzgados (incluyendo un Tribunal Superior) favorables también al reconocimiento como trabajadores asalariados a los riders, entendemos que es hora de que Inspección en Navarra también investigue a la empresa Glovo instaurada en Navarra desde hace ya 10 meses, y se posicione en contra de la utilización de la figura de autónomos que de manera fraudulenta esta utilizando esta empresa.
Son más de 100 los trabajadores de Glovo forzados a ser autónomos que están trabajando en Navarra a pesar de que todos firman al inicio de la relación laboral un contrato con absoluta ausencia de negociación de las condiciones y utilizan la aplicación de riders, mediante la que la empresa controla toda la relación laboral, cuestiones que evidencian que la relación existente entre trabajador y empresa es de alta dependencia y los trabajadores debieran ser por ello contratados por cuenta ajena.
El nuevo capitalismo de la era digital está impulsando este modelo de precariedad en el sector de los repartidores, pero su intención es extenderla al resto del mercado laboral. Para el sindicato LAB es imprescindible frenar la expansión de esta brutal precariedad, que pasa por encima de todos los derechos laborales, potencia un modelo de competitividad entre las personas trabajadoras y degrada el sistema público eludiendo el pago de las cotizaciones.
Es prioritario hacer frente a los nuevos modelos de explotación y abuso contra las personas trabajadoras y el fraude a la ciudadanía en su conjunto, y evitar que éstos se expandan de forma irremediable.