Este 23 de septiembre, día mundial contra la trata con fines de prostitución forzada, desde el sindicato LAB reiteramos nuestra posición en contra de todo tipo de trata: prostitución forzada, trabajos forzosos, matrimonio forzoso, trata de órganos y trata con fines de mendicidad. También queremos denunciar los abordajes insuficientes y fallidos que se siguen cometiendo, desde las instituciones, para acabar con este crimen, así como su instrumentalización por parte de partidos políticos y asociaciones.
La Europa Fortaleza que “avanza” con la securitización de las fronteras y la criminalización de la movilidad de las personas (sobre todo de las que vienen de territorios empobrecidos) no sólo no ha logrado combatir la trata de personas sino que la consolida como uno de los grandes negocios de esta era en la que, para diferentes fines, se mercadea con vidas humanas. La Ley de Extranjería es la que genera la dependencia de las personas sin recursos hacia figuras oportunistas; redes de trata y redes mafiosas de tráfico ilegal, que les facilitan la llegada a Europa a cambio de una elevada deuda migratoria, cuya devolución implica amenazas, coacción y explotación. La misma Ley de Extranjería les exige, para su permanencia en Europa, una denuncia que pondrá en riesgo su vida y la de sus familiares, así como la aportación de información útil y novedosa para la investigación.
Señalamos cómo el discurso abolicionista de la prostitución no hace ningún hincapié en los procesos migratorios, dando a entender que la trata acabaría si se terminase con la demanda de servicios sexuales y que, en función de estudios sin rigor metodológico (como el que presentó la semana pasada la Ministra de Igualdad) se instrumentaliza la trata para criminalizar el trabajo sexual. Denunciamos que se invisibilicen a las víctimas de otros tipos de trata y a todos los entramados que las sostienen y se lucran con su existencia.
La economía sumergida, la subalternización y la marginalidad exponen a estas personas a circuitos de mayor desprotección y vulnerabilidad. Sacarles de estas redes implica mucho más que subvenciones cuantiosas para el lavado de cara de instituciones: implica diseñar un conjunto de políticas públicas con perspectiva integral que abarquen la garantía de acceso a diferentes derechos fundamentales.
Lo que necesitan las víctimas de trata no es pánico moral, sino que se las deje de instrumentalizar en la cruzada contra el trabajo sexual, pues una ley punitivista también las enviará a ellas a la clandestinidad.