El sindicato LAB ha registrado una carta ante la Autoridad Portuaria en Santurtzi exigiendo a ésta que asuma su responsabilidad en el cumplimiento de las normas de derecho internacional y que deje inmediatamente de facilitar el envío de armas y de todo y cualquier material bélico-militar que sostiene el genocidio en Palestina y guerras en todo el mundo.
La actual situación en territorio palestino es de una gravedad y urgencia de primera orden y no es la primera vez que el sindicato LAB se dirige a la Autoridad Portuaria presente en territorio vasco. Ante el aumento de la escalada bélica que ya observábamos con preocupación entonces, hace 3 años LAB presentó un requerimiento para inspeccionar cargas con posible armamento con el objetivo de hacer cesar esta práctica cómplice.
Sin embargo, la respuesta fue evasiva. Excusándose en la falta de competencia del Puerto de Bilbao, la Autoridad Portuaria, cuya competencia es estatal, ha seguido permitiendo el envío y el tránsito de materiales que son utilizados para matar personas y para la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes de genocidio, como estamos observando estos meses en Palestina.
Aunque la violación de los derechos del pueblo palestino es una constante en las últimas décadas debido a la colonización de su territorio y la imposición a su población de un sistema de apartheid, desde el pasado 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí está llevando a cabo una brutal y violenta campaña contra esta población. A pesar de las incansables denuncias internacionales, siguen registrándose incontables matanzas, en su mayoría de civiles, y sobre todo de niñas y niños.
La ley española 53/2007 establece su pleno compromiso con el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que prohíbe las transferencias —lo que incluye el tránsito— de material militar a destinatarios que puedan usarlo para cometer crímenes de guerra como ataques a civiles, crímenes de lesa humanidad o genocidio, lo que sitúa a Israel como un destino no compatible con dicho Tratado. La propia transferencia de población del Estado ocupante –Israel– al territorio palestino ocupado constituye un crimen de guerra, según muchas y muchos juristas expertos en Derecho Internacional.
Además, la resolución de la Asamblea de la ONU aprobada en septiembre con 124 votos a favor, incluido el del Estado español, ordena la suspensión de las inversiones, del comercio y de las transferencias -lo que incluye el tránsito- que puedan contribuir a la ocupación ilegal israelí o usarse como material militar en los territorios palestinos que intentan borrar del mapa geopolítico. Por otro lado, conviene recordar que el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado español anunció que prohibiría atracar en sus puertos a los buques cargados con material militar con destino a Israel.
