A raíz de ese anuncio, el riesgo de desajustes e inconvenientes para el próximo curso vuelve a aumentar considerablemente. El profesorado tiene que tomar una serie de decisiones respecto a la movilidad, hipotéticos cambios de vivienda, desarrollo de sus contenidos didácticos y mejoras metodológicas… que se verán seriamente condicionadas por dicho retraso.
Independientemente de los motivos personales, este tipo de decisiones tienen otras repercusiones en el ámbito pedagógico, que afectan a aspectos como las plazas con jornadas reducidas, las que exigen múltiples perfiles o los destinos especiales e itinerantes, por poner algunos ejemplos. Este tipo de plazas acostumbran a ser difíciles de cubrir y siempre existen casos que quedan vacantes tras la adjudicación. Si las adjudicaciones se retrasan a agosto es fácil prever que en muchos centros se iniciará el curso con importantes huecos por cubrir.
Una planificación adecuada
Consideramos que mantener las adjudicaciones en junio contribuye a que el profesorado, y el conjunto de la comunidad educativa, pueda tomar decisiones con un mayor margen para realizar una planificación adecuada y consolida el proceso de estabilización del profesorado interino, que aún tiene un largo camino por recorrer.
Por todo ello, apostamos por que la adjudicación de las plazas no afectadas por ningún proceso de oposición se hagan, como hasta ahora, en junio y exigimos al Departamento de Educación que reconsidere su decisión al respecto.