A un año vista desde el inicio de la crisis provocada por la expansión del covid el balance de su impacto en el mercado laboral es devastador. En comparación con la situación previa a la pandemia (finales de febrero del año pasado) el paro registrado en las oficinas públicas de empleo ha aumentado en 21.294 personas. De forma que, actualmente, la cifra oficial de desempleo se sitúa en 172.508 personas, de las que el 57% son mujeres.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social también reflejan que la destrucción de empleo ha alcanzado un magnitud sin precedentes. No obstante, la utilización masiva de los ERTE ha evitado una catástrofe mucho mayor.
De hecho, a finales de marzo había 19.386 trabajadoras y 15.610 trabajadores afectados por un ERTE, cuyos ingresos salariales se han reducido considerablemente. Asimismo, hay otras 13.822 personas pertenecientes al régimen de autónomos que han visto reconocida alguna de las prestaciones destinadas a paliar la difícil situación que atraviesa este colectivo.
En todo caso, es importante poner de relieve que las personas y colectivos que ya partían de una posición más vulnerable son quienes están sufriendo las peores consecuencias.
En este sentido destaca el duro golpe que ha recibido la juventud, el sector social más castigado desde el punto de vista laboral. Concretamente, desde el inicio de la epidemia el paro registrado entre jóvenes menores de 35 años se ha disparado un 37%.
A los problemas estructurales del mercado laboral, como son la elevada tasa de paro juvenil y los niveles de temporalidad más elevados de Europa, se suma ahora la caída de la contratación y la falta de oportunidades laborales por los efectos de la pandemia.
Sin duda, la vacuna es la mejor herramienta contra la pandemia y contra las nefastas consecuencias que ha traído. Pero el ritmo de vacunación está siendo exasperadamente lento.
Especialmente grave es el caso de la CAV, puesto que se encuentra a la cola del Estado español con el menor porcentaje de dosis administradas y con la proporción más reducida de población vulnerable que ya ha sido inmunizada.
Evidentemente, cuanto más se alargue la crisis sanitaria mayores y más irreversibles serán los daños provocados, tanto en salud y vidas humanas como en términos económicos y sociales. Por tanto, acelerar la campaña de vacunación y liberar las patentes se ha convertido en una urgencia.