El Tribunal Supremo ha decidido imponer al ex secretario general de LAB Rafa Díez, el cumplimiento íntegro de su injusta condena. El encarcelamiento de Rafa Díez, por actividades estrictamente sindicales y políticas, respondió a una doble lógica. Por una parte, supuso una consecuencia más del estado de excepción impuesto contra el independentismo por los poderes de Estado. Pero además, la operación Bateragune, en la que Rafa fue detenido y encarcelado, buscó desbaratar el cambio de estrategia de la izquierda abertzale. Así, quedó demostrado que el Estado prefería un escenario de violencia donde el independentismo fuera arrinconado y perseguido a un escenario de confrontación política entre la voluntad de un Pueblo y un Estado que la niega.
Seis años después del cese unilateral de la actividad armada por parte de ETA, cuando la sociedad civil y las instituciones vascas han posibilitado un desarme no deseado por el Estado español, éste sigue empeñado en mantener las medidas de excepción contra Euskal Herria. Mientras que en otros países con un conflicto de características similares o incluso más cruentas se han abordado medidas como la justicia transicional, la liberación progresiva de presos y presas o la reparación de todas y cada una de las víctimas, el Estado español mantiene, y en casos como el de Alsasua, acrecenta su política represiva.
Ante esta situación, LAB insiste en reclamar la libertad de Rafa Díez, así como la repatriación inmediata de todos los presos y presas vascas, la liberación de aquellos gravemente enfermos y el fin del estado de excepción en todos sus extremos.