2024-06-15
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Denunciamos que el último ataque judicial contra el euskera es una nueva vulneración de derechos contra la ciudadanía

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado un recurso interpuesto a la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia que declaraba lícito pedir el euskera en las oposiciones para cubrir 34 plazas de cuidadores y cuidadoras en la Fundación Uliazpi de la Diputación Foral de Gipuzkoa. En primera instancia, el Juzgado de Donostia dictaminó que siendo el euskera lengua cooficial en la CAV es lícito solicitar el euskera a los empleados públicos para garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a utilizar esa lengua.

Por el contrario, la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, firmada por Luis Javier Murgoitio Estefanía, señala que la administración Pública no puede exigir este requisito a todos los presentados en perjuicio del derecho al empleo público de quienes no acrediten dicho perfil lingüístico. Es decir, que la exigencia del euskera subyuga el derecho básico de la ciudadanía a acceder a estas plazas.

LAB considera que se trata de una nueva agresión grave que pretende obstaculizar la normalización del uso del euskera en la administración pública. De nuevo, los derechos fundamentales de los vascos y vascas serán pisoteados, es decir, los y las euskaldunes seremos aún más discriminados y discriminadas. Pero además, en este caso concreto, la naturaleza de los puestos de trabajo que se pretenden cubrir con estas oposiciones agrava la magnitud de la agresión. Estas plazas de cuidadores y cuidadoras que se pretenden cubrir exige una relación estrecha y de confianza con la ciudadanía cuidada, en la que el idioma que se va a utilizar es muy importante. El perfil de euskera es imprescindible para respetar los derechos lingüísticos de las personas atendidas y familiares.

No solo eso, la contratación de trabajadores y trabajadoras que no sepan euskera también supondrá una vulneración de los derechos lingüísticos del resto de trabajadores euskaldunes que trabajan en la Fundación Uliazpi. Consideramos un derecho fundamental poder trabajar en euskera en la administración vasca. La euskaldunización de la administración no debe limitarse a la prestación del servicio a la ciudadanía en euskera, sino que el propio funcionamiento interno de la administración debe ser también euskaldunizado en la medida en que la oficialidad del euskera conlleva esta obligación. De este modo, la posible contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras que no tengan ni siquiera los conocimientos mínimos de euskera expone a llevar a la ruina lo avanzado en la euskaldunización de la administración en las últimas décadas.

LAB considera que la normalización del euskera exige amplios acuerdos de país. Ya es hora de hacer políticas lingüísticas audaces para euskaldunizar la administración y blindar adecuadamente este proceso y, para ello, será imprescindible la aportación de los agentes sindicales, sociales y políticos.

Es hora de organizar una movilización eficaz de las empleadas y empleados públicos vascos ante los ataques al euskera y de responder con contundencia, junto con los agentes de euskalgintza.

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