Desde el primer momento LAB ha denunciado que el principal objetivo de esta medida no es otro que conseguir la flexibilidad que mediante otro modo no han conseguido y además, en este caso, pagada con dinero público. Los trabajadores y trabajadoras del grupo llevan años sufriendo el continuo deterioro de las condiciones laborales de la plantilla; amortizaciones de puestos de trabajo, aumento de la flexibilidad, implantación de jornadas irregulares, movilidad funcional, amenazas de despidos.
Hay que recordar que el origen de la deuda que arrastra el Grupo nada tiene que ver con la actividad y la productividad de las plantas de Amurrio y Trápagaran. El origen es la nefasta gestión de la dirección y el dinero que se han llevado los accionistas durante varios años.
Las medidas que unilateralmente impone la dirección del grupo también afectan de manera directa a los y las trabajadoras subcontratados en el grupo, quienes ya han sufrido despidos, y que en el caso del expediente actual ven cómo también se les va a imponer un ERTE en similares condiciones o peores que a los trabajadores de Tubos. Este es el caso de las empresas Redena y Montajes Jauregui.
LAB ha denunciado públicamente esto y se ha reunido con el Gobierno Vasco para trasladarle la situación y emplazarle a intermediar frente a la empresa exigiéndole como institución transparencia en la gestión y la necesidad de un plan industrial real que necesariamente pasa por una inyección de capital, que los accionistas devuelvan el dinero que se han llevado. Sin embargo el Gobierno Vasco ha decidido mirar hacia otro lado, dando la espalda a los y las trabajadoras.
Desde LAB seguiremos peleando por el futuro de todos y todas las trabajadoras del Grupo y de las subcontratas y por el futuro de la zona de Aiara y Trapagaran que también sufren las consecuencias directas de todas estas medidas.