Después del asunto de las empresas de catering, a las cuales se ha sancionado con 18 millones de euros por acordar precios y sobre lo cual el Departamento de Educación ha negado todo tipo de relación, cosa inexplicable desde una administración que se debe responsable y que nos vende día tras día una transparencia en su gestión, LAB quiere poner el foco sobre otro asunto que el Departamento debería empezar a controlar para evitar encontrarse en unos cuantos cursos con otra burbuja. Se trata de los Centros de Formación Profesional Integrados, creados en el año 2015.

Ante todo aclarar que el Departamento de Educación tiene relación directa en la creación de estos centros. Esta relación directa queda plasmada en una serie de decretos de constitución y de regulación. LAB quiere dejar claro este punto, para que llegado el momento, la responsabilidad no quede difuminada como en el caso de comedores.

El objetivo de la creación de estos centros es el aprendizaje a lo largo de la vida e incluyen en sus acciones formativas las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de las y los trabajadores y las de formación permanente dirigida a la población trabajadora ocupada. A grosso modo va dirigida a 900.000 personas desempleadas y ocupadas.

El presupuesto destinado a formación que se destina a Hobetuz, es de 16.900.000 euros para 2016-2017 y teniendo en cuenta que estos 25 centros atenderán esta necesidad, se calcularía una media de 676.000 euros para cada uno de ellos.

Nuestra preocupación viene por el decreto 46/2014 de 1 abril, de regulación de estos centros, que les otorga total autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal, de acuerdo con lo que establezca la normativa aplicable, recogido en el artículo 10 del mencionado Decreto.

Por otra parte, entre las funciones del director o directora se recoge la de realizar contrataciones de obras, servicios y suministros. No entendemos que estos centros puedan tener autonomía de contratación cuando son públicos y gestionan dinero público.

LAB viene detectando que estos centros, en uso de su plena autonomía, están gestionándose con la plantilla de personal de servicios existente y obligando, en algunos casos, a doblar la tarea de este personal. Esto contradice el artículo 7 del mismo, en el cual se recoge que contarán con suficiente personal de administración y servicios.

Podemos interpretar que se están utilizando mal los fondos públicos y que algo tendrá que ver que el Departamento de Educación tampoco haya cumplido, en el caso de personal de servicios, con la modificación de relación de puestos de trabajos, no incluyendo el aumento de puestos de trabajo en relación al aumento de necesidades de estos centros.

LAB hará un estudio de estas necesidades y solicitará que este aumento se plasme en la relación de puestos de trabajo. Asimismo y viendo el resultado de la externalización de los comedores escolares, no entendemos otra forma de atender estos servicios, que desde el servicio público, evitando así cualquier mala utilización de nuestro dinero.

Solicitaremos que esta necesidad sea atendida con urgencia ya que la oferta de formación ya ha empezado sin cubrir las necesidades reales de personal. ¿Estamos ante una nueva burbuja?