Hoy se ha debatido en el Parlamento de Navarra la ILP impulsada por Pentsionistak Martxan, plataforma de pensionistas que impulsa, entre otros, el sindicato LAB. Como es conocido, EH Bildu y Podemos han votado a favor de la tramitación de la ILP pero Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra han unido sus votos al bloque formado por UPN, PP y PSN.
Lo primero que hay que reseñar es que aquellos grupos que no estuvieran de acuerdo con aspectos determinados de la ILP podrían haber propuesto sus modificaciones una vez que se diera luz verde a su tramitación. Sin embargo, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra, UPN, PP y PSN han preferido dar un portazo a la ILP y evitar el debate posterior.
Los argumentos esgrimidos por los grupos que han cerrado el paso a la ILP son dos: el primero, que Navarra no tiene capacidad económica para complementar las pensiones hasta los 1080 euros; y el segundo, que la gestión del sistema de pensiones es y debe ser competencia estatal.
De esta forma, evitan el debate principal: ¿es o no es un objetivo político deseable que la pensión mínima en Navarra sea de 1080 euros? Evidentemente lo es. Siendo Navarra una de las regiones europeas con mayor renta per cápita, ¿tiene capacidad económica para abordar dicho objetivo político en un plazo razonable? También.
El problema es que, sin disponer de una Caja propia de Seguridad Social, el Parlamento de Navarra está abocado a parchear el menguante sistema de pensiones español, con medidas como la equiparación de las pensiones con el SMI. Pero la cuestión es: ¿debemos conformarnos con que nuestros pensionistas más desfavorecidos cobren 707 euros de pensión? ¿Es el SMI español un indicador válido para garantizar una vida digna teniendo en cuenta el coste de la vida en Navarra? Evidentemente no.
Pero en vez de plantearse estas cuestiones, fundamentales desde un punto de vista social, Izquierda-Ezkerra, Geroa Bai, UPN, PP y PSN anteponen su visión ideológica sobre el sistema político español y el encaje de Navarra en el mismo. Especialmente llamativa es la defensa a ultranza de la caja única de la Seguridad Social por parte de Izquierda-Ezkerra; con los mismos argumentos se podría defender la Hacienda única española o la vuelta al INSALUD. Evidentemente es legítimo que cada fuerza política tenga su posición sobre el nivel de autogobierno de Navarra. El problema es que la ciudadanía navarra no ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre esta cuestión, puesto que el Amejoramiento fue impuesto sin referéndum.
La posición de LAB es clara: si el ordenamiento jurídico supone condenar a 78.000 navarros y navarras a una pensión menor a 1080 euros, ¡cambiémoslo! En este sentido, solicitamos al Gobierno de Navarra y a las cuatro fuerzas políticas que lo sustentan que pongan en marcha el debate social e institucional sobre el estatus de Navarra, tal y como se recoge en el Acuerdo Programático, para que la ciudadanía navarra pueda decidir sobre sus condiciones de vida en aspectos clave como las pensiones.