El sindicato ha presentado más de 160 alegaciones para situar a la EHU como eje del sistema, garantizar y aumentar su financiación, impulsar el euskera, garantizar el relevo de la plantilla y establecer medidas para mejorar las condiciones laborales del personal.
A principios de año, el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación inició el proceso de elaboración de la nueva Ley de Universidades. Esta Ley sustituirá a la Ley 3/2004 del Sistema Universitario Vasco. Hoy ha finalizado el plazo de presentación de alegaciones al anteproyecto de ley y LAB ha presentado más de 160.
LAB considera que el anteproyecto de ley presentado por el gobierno pretende establecer una normativa marco que refuerce el sistema universitario privado existente en la CAV, al presentarlo como alternativa a la universidad pública, planteando un sistema universitario “armónico”.
El objetivo principal de las aportaciones realizadas por LAB es la defensa de la universidad pública de la CAV para situarla en el camino de un sistema universitario público e independiente para Euskal Herria. El objetivo es prestar el servicio que necesita la sociedad vasca en las mejores condiciones posibles, consolidar la EHU como una universidad pública de referencia internacional, generadora y transmisora de conocimiento, referente en investigación y agente esencial de transmisión del euskera y la cultura vasca. LAB considera imprescindible garantizar mediante esta ley, entre otras cosas, las condiciones laborales de las y los trabajadores, una dotación presupuestaria suficiente para la universidad pública, la expansión del euskera, las medidas de conciliación, los principios de desmilitarización y aumentar el nivel de exigencia a las universidades privadas en todos los ámbitos para acercarlas a lo exigido a la universidad pública (máxime cuando reciben financiación pública).
En este contexto, LAB considera prioritario prestar especial atención a algunos de los aspectos del anteproyecto:
1. Sistema educativo soberano y propio: La nueva Ley de Universidades debe recoger en su motivación el derecho de Euskal Herria a configurar su propio sistema educativo, reconociendo las carencias (competenciales y de modelo) del actual sistema educativo con el fin de superarlas. Superando el actual estatus jurídico-político, la ley debe recoger la transferencia y plena capacidad de decisión en materia de universidades, entre otras aspectos, la competencia exclusiva para regular las condiciones laborales de su personal. Asimismo, la ley debe estructurar su relación del sistema educativo con el resto de Euskal Herria.
2. Financiación: Se debe garantizar una financiación adecuada de la universidad pública, estableciendo un objetivo mínimo del 1% del PIB de la CAV.
3. Adecuación de la plantilla: La plantilla de la universidad pública debe ser suficiente para poder prestar el servicio que necesita la sociedad vasca tanto en lo que respecta al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). Hay que aumentar la ratio PTGAS/PDI. Por otro lado, el profesorado sustituto es imprescindible para garantizar la calidad de la docencia al cubrir las necesidades producidas por bajas, permisos, licencias, etc. Además, la ley debe incorporar la publificación de servicios estructurales pero actualmente externalizados y la subrogación de su personal.
4. Incluir la carrera profesional horizontal y vertical del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios: Hay que poner en valor la trayectoria y experiencia laboral del PTGAS.
5. Carrera académica del PDI: Se ha de revisar y reformular la obligatoriedad de realizar estancias de dos años en otras universidades “de prestigio”, teniendo en cuenta aspectos económicos, de conciliación e igualdad de oportunidades. En este sentido, es imprescindible garantizar la financiación necesaria para la realización de las estancias, tanto los gastos del personal (para no ensanchar la brecha de clase) como de las sustituciones necesarias. Por otro lado, este requisito dificultaría notablemente el derecho a la estabilidad y promoción del PDI, agravando los problemas para incorporar nuevo profesorado en algunos departamentos.
6. Condiciones salariales del PDI: Las retribuciones del PDI deben ser acordes con la titulación y las aportaciones de docencia, investigación, transferencia y gestión exigidas para atraer profesorado y evitar que el actual se vaya a otros sectores profesionales o universidades. Todas los complementos retributivos deben ser consolidados y actualizados como el salario base.
7. Limitación de las políticas a favor de las universidades privadas: Las universidades privadas no deben presentarse como alternativa equivalente a la universidad pública, ni beneficiarse de exigencias normativas inferiores en aspectos esenciales como la carrera académica del PDI, la oferta docente en euskera, la implantación de nuevos títulos o la duplicación de titulaciones ya existentes en la universidad pública.
8. Protección y promoción del euskera: El euskera debe recibir un tratamiento prioritario para garantizar el derecho a trabajar y estudiar en euskera así como facilitar la colaboración y relación con otras universidades cuya lengua sea el euskera.
9. Articulación de las relaciones entre las universidades de Euskal Herria: En la ley deben primar las relaciones con las universidades de Nafarroa e Ipar Euskal Herria.
10. Negociación colectiva: La ley debe garantizar el derecho a la negociación colectiva con la representación sindical de la plantilla. Se deben negociar aquí todas las cuestiones salariales y condiciones laborales, sin que el Gobierno Vasco imponga lo que se acuerda en Madrid.
Para terminar, LAB quiere denunciar que no se ha cumplido lo que dice la ley sobre la audiencia pública. La Ley 6/2022 establece que “paralelamente a la audiencia pública, se negociarán o consultarán con la representación del personal, según los ámbitos materiales que establece la legislación correspondiente, los proyectos normativos sobre condiciones de trabajo y los que determine la legislación de función pública, que no tuvieran origen en los acuerdos alcanzados en una negociación previa”. A pesar de que la Ley de Universidades va a tener un impacto importante en las condiciones laborales, el consejero no ha convocado a los sindicatos a ninguna reunión. Por lo tanto, LAB pide al consejero que abra marcos de negociación con los sindicatos en las siguientes etapas de tramitación de la ley.