EH Bildu y Geroa Bai registraron en el Parlamento una Proposición de Ley con el objetivo final de que Navarra tenga competencias para fijar su propio Salario Mínimo Interprofesional. Ante dicha iniciativa, el Gobierno de Navarra ha emitido un informe sin rigor alguno que no considera plenamente las necesidades y realidades de los trabajadores navarros y navarras, mostrando así su disconformidad con la tramitación de la proposición de ley. Sin embargo, los sindicatos promotores de la iniciativa destacan la posibilidad real frente a los obstáculos y llaman a defenderla y hacerla posible secundando la convocatoria de Huelga General del 17 de marzo para conseguir que el Parlamento apruebe la ley.
La Proposición de Ley pretende modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para posibilitar que las Comunidades Autónomas puedan establecer un SMI propio. Para lograr esa modificación del Estatuto de los Trabajadores, el primer paso es que el Parlamento de Navarra apruebe una ley foral emplazando al Gobierno del Estado a promover una ley estatal en el Congreso de Madrid, tal y como recoge el artículo 87.2 de la Constitución Española.
En consecuencia, el planteamiento recogido en la proposición de ley de EH Bildu y Geroa Bai tiene encaje legal, tal y como acreditaron los servicios jurídicos del Parlamento en su informe de enero de 2025. Además, la fórmula planteada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde contempla que este mecanismo solo pueda ser utilizado por las Comunidades Autónomas para fijar un SMI superior al estatal, manteniéndose la competencia exclusiva del Estado en dicha materia.
Resulta inaceptable y difícil de entender, a ojos de la sociedad navarra en su conjunto, la posición beligerante de su Gobierno y de su Presidenta a través de su informe frente una reivindicación e iniciativa justas para los colectivos más vulnerables del mercado de trabajo (personas migradas, jóvenes, colectivos feminizados…). Se trata de una propuesta que mejora los salarios y favorece un reparto más justo de la riqueza en nuestro territorio, coherente con el coste de vida en Navarra y basada en su autogobierno. Además, está amplia y matoritariamente respaldada por la ciudadanía y debería ser defendida también por todas las instituciones navarras.
Dicho de otra manera, el Gobierno de Navarra y sus consejeros y consejeras, así como los partidos PSN y Contigo-Zurekin, conocen perfectamente que esta iniciativa en ningún caso cuestiona la competencia exclusiva del Estado para fijar un salario mínimo que garantice la dignidad de todas las personas. Además, es una propuesta razonable que tiene en cuenta al resto de territorios del Estado, ya que no podría ser utilizada para perjudicar al resto de trabajadores y trabajadoras de otras regiones. Sin embargo, han decidido actuar de forma partidista y corporativa en favor de los de siempre (CEN, UGT y CCOO) y contra los intereses de la ciudadanía navarra, defendiendo el excesivo centralismo español, que nos perjudica por el mero hecho de ser navarros y navarras.
La propuesta de ley registrada en el Parlamento por EH Bildu y Geroa Bai, a petición de ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, cuenta con opciones reales de ser aprobada y de que Navarra pueda avanzar hacia la implementación de un salario mínimo adaptado a su contexto económico y social. Y esto es así porque recoge un planteamiento complementario con los elementos básicos para el necesario consenso.
Para lograrlo, es fundamental la voluntad política, a la que llamamos a los partidos políticos UPN, PSN, y Contigo-Zurekin; y el apoyo activo de la ciudadanía, especialmente de los trabajadores y trabajadoras, quienes tienen un papel clave en defender esta iniciativa. La posibilidad de su aprobación es fruto y victoria de los trabajadores y trabajadoras que se han movilizado durante todo 2025 para conseguir que Navarra tenga un SMI propio y se están activando y organizando en torno a la Huelga General del 17 de marzo. Trabajo que debe continuar.