LAB, junto a representantes de las personas trabajadoras de las plantas de Trápaga y Amurrio, se ha reunido hoy con los Departamentos de Industria y Empleo del Gobierno Vasco y con las Diputaciones Forales de Araba y Bizkaia, así como los alcaldes de Trapaga y Amurrio, para abordar la situación de Tubos Reunidos en pleno proceso de despido colectivo. Tras el encuentro, el sindicato constata con preocupación la falta de compromisos claros por parte de las instituciones ante la destrucción de empleo que plantea la dirección de Tubos Reunidos.
Nos encontramos ante un proceso que no se limita a los 301 despidos planteados por la empresa. Esta decisión tendrá un impacto mucho mayor, afectando también a las plantillas de subcontratas y generando más destrucción de empleo en las comarcas de Aiaraldea y Ezkerraldea. Además, la estrategia de reducción de costes planteada por la dirección pasa por despedir trabajadores y trabajadoras y externalizar trabajos, lo que supondrá una clara precarización de las condiciones laborales.
En la reunión, hemos trasladado preguntas muy concretas a las instituciones sobre su papel y su nivel de exigencia hacia la empresa. Se le ha preguntado insistentemente al viceconsejero de industria si la viabilidad de la empresa pasa por el ERE, a lo que su respuesta ha sido que pasa por restructurar de la deuda. Así mismo, también se la interpelado si entiende que puede ser viable el proyecto industrial sin la acería, a lo que tampoco ha habido respuesta. Por parte de la consejería de Empleo, sí se ha opuesto en la destrucción de empleo, y se han prestado a tratar de buscar alternativas al ERE.
También hemos pedido explicaciones sobre desde cuándo mantienen contactos con la dirección de Tubos Reunidos, qué plan de viabilidad les ha sido trasladado y si existen contactos con posibles inversores. Sin embargo, no hemos recibido respuestas claras ni compromisos concretos en relación con la defensa del empleo y de las condiciones laborales. La reunión de hoy ha vuelto a evidenciar una preocupante falta de transparencia, tanto por parte de la empresa en todo este proceso como por parte del propio Gobierno Vasco, que tampoco ha aclarado cuáles son sus verdaderas exigencias y límites ante esta situación.
Desde LAB consideramos especialmente grave que exista una mesa para la reindustrialización de Aiaraldea en la que se sientan las instituciones junto a la dirección de Tubos Reunidos y que, al mismo tiempo, no haya ninguna exigencia pública ni compromiso firme con el mantenimiento del empleo actual. No se puede hablar del futuro industrial de la comarca mientras se permite la destrucción del empleo presente.
Mucho nos tememos que el papel del Gobierno Vasco y de la Diputación de Araba vuelva a ser el mismo que ya hemos visto en otros conflictos industriales recientes como Glavista, Guardian o Maderas Llodio: mirar hacia otro lado, apelar a la responsabilidad de las personas trabajadoras para que acepten cierres y despidos, y situarse en la práctica del lado de direcciones empresariales que son las principales responsables de la situación actual.
Las instituciones hablan de apoyo, de compromiso y de futuro, pero lo que se necesita son hechos. Menos solidaridad en forma de fotos y declaraciones públicas, y más implicación real con el empleo, con las condiciones de trabajo y con el futuro de Aiaraldea y Ezkerraldea.
Si hay dinero público y apoyo institucional, deben existir condiciones claras para proteger el empleo y evitar su destrucción. No puede ser que se respalde a la empresa sin exigir garantías sociales, mientras la dirección no está siendo clara ni transparente sobre sus verdaderas intenciones y el alcance real de sus planes.
Desde LAB nos reafirmamos en nuestro compromiso firme de defender todos los puestos de trabajo, las condiciones laborales y el futuro de nuestras comarcas. No vamos a aceptar que, una vez más, la salida a la crisis pase por despedir, precarizar y debilitar el tejido industrial mientras las instituciones se limitan a acompañar el proceso sin intervenir de forma decidida.