Igor Arroyo ha sido entrevistado esta mañana en el programa Egun on de ETB. Se ha referido al salario mínimo propio y a la huelga general convocada por la mayoría sindical con esta reivindicación para el 17 de marzo, entre otras cuestiones.
Sobre la reivindicación del salario mínimo propio, ha señalado que la actitud de la patronal ha sido «dura» y «de absoluto desprecio» hacia las reivindicaciones de las y los trabajadores. «Hemos visto cómo tras la pandemia la vida se ha encarecido por mucho, cómo ha aumentado el precio de la vivienda y de los alimentos y la patronal nos ha planteado que no estaba dispuesta a subir los salarios en función del IPC en los convenios, y menos para otro tipo de mejoras. Cuando hemos planteado las luchas en sectores y empresas, hemos tenido que hacer numerosas huelgas y movilizaciones para recuperar y renovar los convenios y hemos conseguido, afortunadamente, ampliar la cobertura de los convenios «, ha destacado. Pero añade que con esto «no es suficiente porque quedan muchas y muchos trabajadores fuera de los convenios. Son necesarias medidas generales, es decir, se necesita fijar un suelo mínimo para todos las y los trabajadores. Ahí hemos situado la propuesta de establecer un salario mínimo propio «.
Ha recordado que hay 160.000 trabajadores y trabajadoras con un salario bruto inferior a 1.500 euros y ha subrayado que «garantizar a estas y estos trabajadores un salario de esa cuantía es viable, tanto a través de la negociación colectiva, para lo que hemos pedido que se cree una mesa de negociación, como a través de una modificación legal, para que los Gobiernos de la CAV y Nafarroa puedan establecer un salario mínimo propio por encima de lo establecido a nivel estatal». En cuanto a la respuesta, ha señalado que han recibido una «doble negativa» tanto por parte de la patronal como de los gobiernos de la CAV y Nafarroa. Ha calificado de «insultante» la respuesta porque «se nos ha planteado que tiene un coste importante por parte de la patronal». Citando los cálculos del sindicato, ha situado en 500 millones de euros el coste de subir el salario mínimo hasta los 1.500 euros, pero denuncia que el peso de los salarios ha disminuido en 1.500 millones respecto al PIB desde 2008. «Sólo sería necesario un tercio de esa cantidad para garantizar esta medida», ha concluido.
Asimismo, ha denunciado que existe intención de «reducir el ámbito de influencia del sindicalismo». «Ellos quieren un sindicalismo integrado, que se limite a hacer un trabajo de asesoría laboral y no plantee medidas y propuestas en beneficio de las y los trabajadores», ha señalado. “Para nosotros y nosotras también está en cuestión el papel que va a jugar el sindicalismo en Euskal Herria. Por eso nos ha parecido imprescindible convocar una huelga general y además, creemos que hay condiciones para que sea exitosa «, ha añadido.
También ha destacado que la mayoría de las trabajadoras que cobran un sueldo inferior a 1.500 euros son mujeres*. «Nos llama la atención que cuando se hace propaganda por parte de las instituciones contra la brecha salarial y luego, cuando planteamos esta medida que sería clave para reducir la brecha salarial que sufren las mujeres*, la patronal y las instituciones la desprecien», ha subrayado.
Ha añadido que desde 2008 satisfacer las necesidades básicas es cada vez más caro y que los salarios no están subiendo en la misma medida. «Los beneficios empresariales son enormes y aquí la riqueza no se reparte correctamente. La subida del salario mínimo es una medida imprescindible para combatir la devaluación salarial», ha añadido.