Desde el sector de intervención social, denunciamos que a pesar de realizar el mismo trabajo que las trabajadoras de las administraciones públicas y de sostener servicios públicos esenciales, la privatización es una decisión política empleada para perpetuar la precariedad y generar una profunda desigualdad en nuestro sector. Las trabajadoras de este sector privatizado de cuidados ya no asumimos más la brecha salarial existente, que supera los 16.000€ anuales en algunas categorías profesionales. Por ello, la plataforma intersindical presentada exige avanzar hacia la equiparación del sector.
Tras meses de reuniones infructuosas, las posturas se encuentran en una distancia difícilmente superable. En la última reunión, celebrada el 12 de noviembre, la patronal (AISA) trasladó una nueva propuesta que, tras ser analizada, esta parte considera totalmente insuficiente, ya que su intención es clara: firmar un preacuerdo que dejaría sin cobertura a gran parte del sector. Reiteramos lo ya trasladado tanto a la patronal como a las instituciones; la parte social se niega a negociar un nuevo convenio que se limite a ser una mera consolidación de los anteriores, sin avanzar en mejoras sustanciales.
Ante esta situación nos concentramos hoy, 14 de noviembre ante la Diputación Foral de Álava para visibilizar la falta de avances y exigir de nuevo unos presupuestos con dotación económica suficiente para garantizar un convenio justo.
Ayer se presentó el borrador presupuestario de esta institución y a pesar de ser los presupuestos “más sociales” de la historia de la Diputación, estos no recogen en absoluta una propuesta que habilite un camino para la equiparación del sector, reservando para el nuevo convenio sectorial una partida de 800.000€, absolutamente insuficiente para ello.
Hace unos días mantuvimos una reunión con el Diputado Foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran nos trasladó una negativa rotunda a que esta administración vaya a financiar un convenio de equiparación, tal y como se ha reflejado en su proyecto presupuestario.
Por ello, exigimos a las administraciones financiadoras responsabilidad y respeto, ya que mientras se discuten las prioridades institucionales, se sigue invisibilizando y precarizando a las trabajadoras de este sector esencial, quienes deben ser reconocidas como parte fundamental del sistema público de cuidados.